La muerte de Kevin Acosta expone las fallas del sistema de salud colombiano
La historia de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años que perdió la vida el pasado 13 de febrero en Bogotá, nos confronta nuevamente con las profundas grietas de nuestro sistema de salud. Su muerte ha desatado una investigación de la Superintendencia Nacional de Salud que busca esclarecer si las barreras administrativas y la falta de acceso a medicamentos contribuyeron a esta tragedia.
Una lucha familiar contra la burocracia
Kevin vivía con hemofilia A severa con inhibidores, una condición que requería del medicamento Emicizumab cada 28 días para prevenir hemorragias. Según el testimonio desgarrador de su familia, el niño no recibió este tratamiento vital durante aproximadamente dos meses antes de su fallecimiento.
La ausencia del medicamento, que debía ser suministrado por Nueva EPS, coincide con una suspensión en la entrega desde diciembre de 2025. La familia señala que esta interrupción se debió a fallas en la gestión entre la EPS y los prestadores de salud, evidenciando una vez más cómo la burocracia puede convertirse en una barrera mortal para quienes más necesitan atención médica.
Más allá del accidente: una reflexión necesaria
El 8 de febrero, Kevin sufrió un accidente mientras montaba bicicleta, lo que le causó un trauma craneoencefálico severo. Nueva EPS argumenta que esta fue la causa determinante de su muerte, no la interrupción del tratamiento. Sin embargo, la madre del menor plantea una pregunta fundamental: sin el medicamento profiláctico, ¿era posible realizar procedimientos médicos seguros en un niño con hemofilia?
Esta interrogante va al corazón de un problema estructural. Para pacientes con hemofilia, la falta de tratamiento preventivo incrementa considerablemente el riesgo de hemorragias, limitando las opciones médicas disponibles en situaciones de emergencia.
Investigaciones que buscan justicia
La Supersalud ha iniciado una auditoría focalizada que revisará las barreras administrativas enfrentadas por la familia, el cumplimiento de protocolos para enfermedades huérfanas y la entrega del medicamento. Paralelamente, la Fiscalía General investiga posibles responsabilidades penales o administrativas.
Estas investigaciones representan una oportunidad para que las instituciones respondan ante una familia que perdió a su hijo y ante una sociedad que exige un sistema de salud más humano y eficiente.
Un llamado a la transformación
El caso de Kevin trasciende las cifras y los protocolos. Es el rostro de miles de familias colombianas que enfrentan diariamente las barreras de un sistema que debería protegerlos. Su historia nos recuerda que detrás de cada trámite negado, cada medicamento no entregado, cada autorización demorada, hay vidas humanas que dependen de nuestras decisiones colectivas.
Es momento de reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir: una donde el acceso a la salud sea un privilegio determinado por la capacidad económica, o una donde sea un derecho fundamental garantizado para todos, especialmente para los más vulnerables como Kevin.
La memoria de este niño debe convertirse en un motor de transformación que nos impulse a crear un sistema de salud verdaderamente incluyente, donde ninguna familia tenga que enfrentar la pérdida de un ser querido por fallas evitables del sistema.