La privatización silenciosa de la sanidad española: cuando el lucro se impone al derecho a la salud
En España, tres de cada diez hospitales públicos dependen hoy de una gestión privada, una realidad que desnuda la progresiva mercantilización de un derecho fundamental como la salud. Este fenómeno, que ha crecido un 36,8% en poco más de una década, representa mucho más que cifras: es la historia de cómo las comunidades más vulnerables ven amenazado su acceso a una atención sanitaria digna y universal.
Un modelo que prioriza el beneficio sobre las personas
El informe presentado por el Ministerio de Sanidad español revela una transformación preocupante: lo que antes era un recurso excepcional se ha convertido en una práctica estructural. Entre 2011 y 2023, los hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud pasaron de 106 a 145, mientras el gasto público destinado a estos centros se disparó un 84,6%, alcanzando los 4.800 millones de euros.
"La colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional a convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general", subraya el departamento dirigido por Mónica García.
Las consecuencias de la mercantilización
Esta tendencia no es neutral. Los datos muestran que la sanidad privada practica una "atención selectiva", concentrándose en casos menos complejos y más rentables, mientras que el sistema público asume más del 95% de los tratamientos más costosos: trasplantes, grandes quemados, neonatos de muy bajo peso o procedimientos que requieren cuidados intensivos.
Esta división del trabajo sanitario reproduce las desigualdades sociales: mientras las clases populares dependen de un sistema público cada vez más presionado, quienes pueden permitírselo acceden a servicios privados más ágiles para patologías menores.
Territorios desiguales, derechos fragmentados
El fenómeno se concentra especialmente en comunidades como Cataluña o Navarra, donde la red privada representa una parte sustancial de la infraestructura asistencial. Esta geografía desigual de la privatización profundiza las brechas territoriales, creando ciudadanías de primera y segunda clase según el lugar de residencia.
Las camas disponibles para el Sistema Nacional de Salud en centros privados pasaron del 13,7% en 2011 al 17,8% en 2023, mientras que la proporción de quirófanos públicos en hospitales privados creció del 8% al 10,7%.
Una respuesta necesaria desde la justicia social
Frente a esta realidad, la ministra García anunció una nueva ley de gestión pública para principios de 2026 que pretende limitar la colaboración público-privada y "blindar" la sanidad pública frente a los fondos de inversión. "Este informe muestra la realidad, la crisis de Torrejón muestra las consecuencias y la futura ley de gestión pública muestra la solución", declaró tras el Consejo de Ministros.
La propuesta incluye reforzar los mecanismos de auditoría y control, exigir transparencia en indicadores clínicos y promover la gestión pública directa como opción preferente. Son medidas que apuntan hacia la recuperación de un modelo sanitario basado en el derecho universal a la salud, no en la capacidad de pago.
Lecciones para América Latina
La experiencia española ofrece valiosas lecciones para países como Colombia, donde los debates sobre la reforma sanitaria cobran especial relevancia. La evidencia muestra que la colaboración público-privada en salud "no ha demostrado mejoras significativas" ni en eficiencia ni en resultados, mientras genera riesgos importantes en términos de planificación y control del sistema.
La defensa de la sanidad pública no es solo una cuestión técnica, sino un compromiso con la justicia social y la construcción de sociedades más equitativas. Como demuestra el caso español, cuando la salud se convierte en mercancía, son siempre las comunidades más vulnerables quienes pagan el precio más alto.