Contratos millonarios generan interrogantes sobre transparencia en el Gobierno
Una investigación periodística ha revelado la adjudicación de contratos por más de 719 millones de pesos a Ingrid Carolina Plata Navas, una figura cercana al círculo presidencial, lo que plantea importantes preguntas sobre la transparencia en la contratación pública.
Los hechos bajo la lupa
Plata Navas, esposa del empresario Danilo Romero y vinculada al entorno de la primera dama, ha recibido tres contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia desde agosto de 2022. Estos convenios, firmados bajo la modalidad de contratación directa, han generado ingresos sustanciales que merecen análisis.
El primer contrato, por 70.8 millones de pesos, se enfocó en servicios de protocolo y logística en espacios oficiales. Sus honorarios mensuales alcanzaron los 19.6 millones de pesos entre agosto y diciembre de 2022.
La segunda adjudicación representó el mayor monto: 482.4 millones de pesos, con pagos que superaron los 20 millones mensuales durante 2023 y aumentaron a más de 20.8 millones en 2024.
El tercer contrato, vigente desde diciembre de 2025, asciende a 166 millones de pesos, con honorarios mensuales que han llegado a 22.1 millones.
Contexto y transparencia
Estos contratos se enmarcan en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia en el uso de recursos públicos. La contratación directa, aunque legal, requiere justificaciones claras sobre la especialización requerida.
Según documentos oficiales, Plata Navas declaró un patrimonio de 401.7 millones de pesos en 2024, incluyendo propiedades en Bogotá valoradas en 700 millones de pesos.
La Fiscalía ha recibido una denuncia relacionada con 12 contratos del equipo de asesores de la primera dama, donde figura el nombre de Plata Navas junto a otros profesionales del área de protocolo y seguridad.
Reflexiones necesarias
Este caso subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública. La construcción de una sociedad más justa requiere que todos los procesos administrativos cumplan con los más altos estándares de transparencia.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se invierten los recursos públicos y a exigir que cada peso del erario se destine al bienestar colectivo y al fortalecimiento del tejido social.