Contratos millonarios revelan vínculos en el poder ejecutivo
Una investigación periodística ha puesto en evidencia la compleja red de relaciones que rodea al poder ejecutivo, específicamente en torno a las contrataciones del Departamento Administrativo de la Presidencia. Los datos revelan cómo se han manejado recursos públicos por más de 719 millones de pesos en contratos directos.
Vínculos familiares y empresariales
Ingrid Carolina Plata Navas, esposa del empresario Danilo Romero, ha sido beneficiaria de múltiples contratos gubernamentales desde agosto de 2022. Romero, conocido empresario santandereano con vínculos en el sector petrolero, mantiene una relación cercana con el actual gobierno.
La modalidad de contratación directa por prestación de servicios ha sido el mecanismo utilizado para estas adjudicaciones, un procedimiento que permite vincular personal especializado sin concurso público. Esta práctica, aunque legal, genera interrogantes sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
Evolución de los contratos
El primer contrato, firmado apenas días después de la posesión presidencial en agosto de 2022, ascendió a más de 70 millones de pesos. Las funciones incluyeron apoyo en protocolo y logística en espacios oficiales como la Casa de Nariño y otras sedes institucionales.
El segundo convenio representó el mayor monto con 482 millones de pesos, con honorarios mensuales que superaron los 20 millones durante 2023 y aumentaron a más de 20.8 millones en 2024. Un tercer contrato, firmado en diciembre de 2025, alcanzó los 166 millones de pesos.
Patrimonio declarado
Según su declaración de bienes y rentas de 2024, Plata reportó ingresos y patrimonio por más de 401 millones de pesos, incluyendo propiedades en Bogotá valoradas en 700 millones entre bienes muebles e inmuebles.
Llama la atención que en su declaración no registró conflictos de interés ni información sobre su cónyuge, a pesar de los vínculos empresariales de este con sectores estratégicos de la economía.
Investigación en curso
La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia relacionada con 12 contratos firmados desde agosto de 2022, que incluye no solo este caso sino otros vínculos en el equipo de asesores presidenciales. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública.
El caso ilustra los desafíos que enfrenta cualquier gobierno en el manejo de la contratación directa y la importancia de garantizar que los recursos públicos se utilicen con criterios de transparencia, eficiencia y equidad social.