Ecopetrol mantiene confianza en Ricardo Roa pese a imputación fiscal
En un momento que pone a prueba la estabilidad institucional, la junta directiva de Ecopetrol decidió mantener su respaldo al presidente Ricardo Roa, quien enfrenta una imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión refleja un compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia en tiempos de incertidumbre.
La empresa petrolera más importante del país atraviesa una coyuntura delicada que requiere equilibrar la transparencia institucional con la estabilidad operativa. El proceso judicial contra Roa surge de presuntas irregularidades durante su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, específicamente relacionadas con posibles violaciones a los topes de financiación electoral.
Un proceso que trasciende lo individual
Las investigaciones de la Fiscalía, respaldadas por hallazgos del Consejo Nacional Electoral, sugieren que la campaña habría excedido los límites de gastos en más de 5.000 millones de pesos. Estas inconsistencias contables, detectadas principalmente entre primera y segunda vuelta, se suman a otro expediente sobre la compra de un inmueble en Bogotá por 1.800 millones de pesos.
Más allá de las implicaciones personales para Roa, este caso plantea interrogantes sobre la integridad de los procesos electorales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la financiación de campañas políticas.
Protocolos de buen gobierno
La junta directiva activó protocolos de debida diligencia basados en las leyes 222 de 1995 y 964 de 2005, que regulan el buen gobierno corporativo. Estos procedimientos incluyeron requerimientos formales de información tanto al presidente de la compañía como a las autoridades competentes.
Según la dirección empresarial, Roa ha cumplido con su deber de transparencia al mantener informada a la junta, lo que permitió activar los sistemas internos de gestión de cumplimiento para evaluar posibles implicaciones sobre la sostenibilidad financiera de la estatal.
Entre la promesa y la realidad
La situación actual contrasta con un compromiso público que Roa asumió en abril de 2024 durante un debate de control político en el Congreso. En aquella ocasión, el directivo aseguró que se apartaría de su cargo "sin que nadie se lo pidiera" si su presencia llegaba a afectar la reputación o el valor bursátil de Ecopetrol.
Sin embargo, hasta la fecha no ha dado señales de retiro, y la junta directiva ha optado por priorizar la estabilidad operativa mientras monitorea la evolución de los procesos judiciales.
Defensa del patrimonio público
La Unión Sindical Obrera (USO) ha pedido respetar la presunción de inocencia y ha dejado el futuro de Roa en manos de la junta directiva. Esta posición refleja una comprensión de que las decisiones sobre el liderazgo de empresas públicas deben tomarse con base en criterios técnicos y jurídicos, no en presiones mediáticas o políticas.
La junta directiva ha enfatizado su compromiso con garantizar la transparencia frente a los grupos de interés y salvaguardar el valor de la compañía en los mercados. Aunque el proceso legal avanza, la dirección de Ecopetrol sostiene que sus acciones están alineadas con la defensa del patrimonio de la estatal.
Este episodio pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las empresas públicas para mantener su autonomía técnica mientras navegan por un entorno político complejo, donde la transparencia y el buen gobierno deben prevalecer sobre cualquier consideración particular.