La justicia respalda la permanencia de Armando Benedetti en el MinInterior
En una decisión que reafirma los principios de dignidad humana y reinserción social, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la demanda que buscaba invalidar el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior. Esta resolución representa un importante precedente sobre los derechos de las personas en proceso de recuperación de adicciones.
Un fallo que defiende la segunda oportunidad
La Sección Primera del tribunal rechazó los argumentos presentados por la Corporación Colectivo de Abogados General Francisco de Paula Santander, quienes cuestionaron la idoneidad del funcionario basándose en sus declaraciones públicas sobre su proceso de recuperación de adicciones al alcohol y las drogas.
La magistrada ponente Claudia Elizabeth Lozzi Moreno fue clara al señalar que "el Estado no puede juzgar la vida privada de los funcionarios", siempre que no se comprometa la prestación del servicio público. Esta posición refleja una visión humanista que reconoce el derecho a la rehabilitación y la reinserción.
Requisitos constitucionales cumplidos
El tribunal verificó que Benedetti, de 57 años al momento de su designación, cumple con los únicos dos requisitos constitucionales para ser ministro: ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años. Además, cuenta con formación profesional en Comunicación Social y amplia experiencia en el Congreso y el servicio diplomático.
La corporación judicial también descartó los argumentos sobre presuntas inhabilidades por haber ocupado cargos públicos anteriormente, incluyendo su rol como embajador en Venezuela y representante ante la FAO.
Una mirada hacia la construcción de paz
Esta decisión judicial cobra especial relevancia en el contexto de los procesos de paz y reconciliación que vive Colombia. El reconocimiento de que las personas pueden superar sus dificultades personales y contribuir al servicio público es fundamental para la construcción del tejido social.
El expediente acreditó que Benedetti se sometió a una evaluación médica ocupacional en febrero de 2025, obteniendo concepto de "apto para el cargo" sin restricciones laborales, lo que demuestra su compromiso con la transparencia y la responsabilidad pública.
Esta resolución judicial no solo confirma la legalidad del nombramiento, sino que también envía un mensaje esperanzador sobre las posibilidades de rehabilitación y el valor de las segundas oportunidades en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.