Maduro se acoge al silencio ante juicio por actividades de lobby del gobierno venezolano
El expresidente venezolano Nicolás Maduro ha decidido ejercer su derecho constitucional al silencio y no testificará en el proceso judicial que se desarrollará en marzo en Miami contra el excongresista republicano David Rivera y la consultora Esther Nuhfer, acusados de actuar como agentes no registrados del gobierno venezolano.
La decisión fue comunicada por su abogado Barry Pollack ante el tribunal federal, quien señaló que Maduro "ejercerá su derecho constitucional, amparado por la Quinta Enmienda, a guardar silencio" en este proceso que expone las complejas redes de influencia política entre Venezuela y Estados Unidos.
Un caso que revela las tensiones geopolíticas
Maduro se encuentra actualmente detenido en una cárcel federal en Brooklyn tras su captura el 3 de enero por fuerzas estadounidenses. Su abogado argumentó que "a la luz de la conducta del gobierno de Estados Unidos", su cliente debe proteger sus derechos constitucionales.
El letrado denunció que fuerzas militares estadounidenses "secuestraron" a Maduro y lo trajeron por la fuerza a Nueva York, una descripción que refleja las profundas tensiones entre ambos países y las controversias sobre los métodos empleados en su detención.
Las implicaciones del silencio
David O. Markus, abogado de Nuhfer, expresó su decepción: "Nos decepciona que Maduro guarde silencio porque nos habría exonerado". También sugirió que el gobierno podría conceder inmunidad limitada para permitir su testimonio, aunque mostró poco optimismo al respecto.
Los fiscales federales Harold Schimkat y Roger Cruz habían señalado previamente que la moción era "deficiente" porque no explicaba cómo podría testificar Maduro ni ofrecía base para determinar su disposición a hacerlo.
Un contrato millonario bajo escrutinio
Rivera y Nuhfer fueron acusados a finales de 2022 por conspiración y por no registrarse como agentes extranjeros. El caso se centra en un contrato de consultoría por 50 millones de dólares firmado en marzo de 2017 entre Rivera y una filial de la petrolera estatal PDVSA.
Según los fiscales, este acuerdo tenía como objetivo encubrir actividades de cabildeo político en Washington, buscando influir en la política exterior estadounidense hacia Venezuela durante un período de crecientes tensiones.
El documento judicial revela que Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, habría "ordenado" en 2017 a ejecutivos de Citgo contratar la firma de Rivera como compensación por sus gestiones de cabildeo.
Este caso ilustra las complejas dinámicas de poder y las estrategias de influencia política que caracterizan las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, especialmente en un contexto de sanciones y tensiones diplomáticas que han afectado profundamente a las comunidades venezolanas.