Un mensaje del presidente Gustavo Petro en defensa de Juliana Guerrero ha vuelto a circular en redes sociales tras el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos contra la funcionaria por presuntas irregularidades en sus títulos académicos.
La controversia se intensifica después de que el ente investigador decidiera llamar a audiencia a Guerrero, quien había sido designada para el viceministerio de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, por supuestas anomalías relacionadas con la documentación académica presentada para ocupar el cargo público.
El respaldo presidencial en cuestión
En octubre de 2025, cuando surgieron los primeros cuestionamientos sobre los títulos de Guerrero obtenidos en la Fundación San José, el presidente Petro salió en su defensa a través de redes sociales. En ese momento, el mandatario minimizó las acusaciones y cuestionó la gravedad del caso.
"Entonces, el examen para graduarse, Juliana, después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?", escribió el jefe de Estado en su momento.
Esta postura del presidente ahora es objeto de análisis, especialmente después de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza recordara ese mensaje y cuestionara la posición presidencial frente a la situación jurídica de Guerrero.
Las imputaciones de la Fiscalía
La Fiscalía General anunció que solicitará medidas contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Según la entidad investigadora, las presuntas irregularidades están relacionadas con "la expedición de los títulos de contadora pública y lo que tiene que ver con tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes".
La respuesta de la Presidencia
Pese al anuncio judicial, la Casa de Nariño decidió mantener a Guerrero en uno de sus cargos actuales. Según información conocida, una hora después de que la Fiscalía solicitara la detención domiciliaria e imputara cargos, la Presidencia respondió que no procederá con el retiro de Guerrero como delegada presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.
Esta decisión se produce en medio de una acción popular que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la cual se busca suspender provisionalmente su designación.
Para la representante Pedraza, la permanencia de Guerrero representa "un insulto" y envía un mensaje equivocado sobre los controles y la transparencia en los nombramientos públicos.
El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación de títulos académicos en la administración pública y la respuesta institucional ante las investigaciones judiciales.