La defensa de Petro a Guerrero: cuando la confianza choca con la justicia
En octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Juliana Guerrero cuando surgieron los primeros cuestionamientos sobre sus títulos académicos. "¿Es así el resumen de este escándalo?", escribió el mandatario minimizando las acusaciones que hoy cobran una dimensión judicial inesperada.
La Fiscalía General anunció que imputará cargos contra la funcionaria por presuntas irregularidades en la documentación académica que presentó para ocupar el viceministerio de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Los delitos investigados incluyen fraude procesal y falsedad en documento público.
Un respaldo que se tambalea
El contraste entre la defensa presidencial de octubre y la realidad judicial actual pone en evidencia las complejidades que enfrenta un gobierno comprometido con la transparencia. Petro, quien ha construido su proyecto político sobre la base de la honestidad y la lucha contra la corrupción, se encuentra ahora defendiendo a una funcionaria cuestionada por la justicia.
La representante Jennifer Pedraza, quien presentó la denuncia original, no dudó en recordar las palabras del presidente: "Le actualizo el resumen: Por mi denuncia, la Fiscalía ordena la detención de Juliana Guerrero".
La persistencia en el cargo
Lo más llamativo del caso es la decisión de la Presidencia de mantener a Guerrero en su cargo como delegada presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Una hora después del anuncio fiscal, la Casa de Nariño confirmó que no procederá con su retiro.
Esta decisión genera interrogantes sobre los mecanismos de control interno del gobierno y la coherencia entre el discurso de transparencia y las acciones concretas. Para Pedraza, mantener a Guerrero "es un insulto" que envía un mensaje equivocado sobre la ética pública.
Más allá del caso individual
El episodio trasciende la situación particular de una funcionaria. Refleja los desafíos que enfrenta un proyecto de transformación social cuando debe equilibrar la lealtad personal con la exigencia institucional que demanda la ciudadanía.
La Fiscalía también investiga a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los mismos delitos. Las irregularidades estarían relacionadas con los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que acreditó Guerrero.
Mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una acción popular para suspender provisionalmente la designación de Guerrero, el gobierno enfrenta una prueba de fuego sobre su compromiso real con la transparencia y la justicia que tanto ha proclamado.