Violencia económica: 120 deudores de pensión alimentaria en Coahuila
La Fiscalía para las Mujeres y la Niñez de Coahuila revela más de 120 casos de evasión de pensión alimenticia, evidenciando un patrón de violencia económica que afecta a familias vulnerables.
Funcionaria de la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez de Coahuila presenta informe sobre deudores alimentarios
En un revelador informe sobre las desigualdades que afectan a las comunidades vulnerables, la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez de Coahuila ha identificado más de 120 personas en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios que incumplen con sus obligaciones parentales.
Patrones de evasión y violencia económica
Katy Salinas Pérez, titular de la Fiscalía, ha denunciado una práctica alarmante: los deudores renuncian a empleos formales para evadir el pago de pensiones alimenticias ordenadas por jueces. Esta forma de violencia económica impacta directamente en el desarrollo y bienestar de menores, evidenciando una problemática que, como otros aspectos de la justicia social, requiere atención urgente.
Impacto en las familias y respuesta institucional
Los Centros de Justicia para las Mujeres han implementado estrategias de búsqueda activa en instituciones como el IMSS para identificar situaciones laborales ocultas. Aunque las denuncias formales por violencia económica representan el 10% de los casos, la realidad supera significativamente estas cifras.
"Hay una tendencia a invisibilizar la violencia económica, cuando en realidad muchas madres enfrentan dificultades para garantizar lo básico a sus hijos", señala Salinas Pérez.
Marco legal y derechos fundamentales
La pensión alimenticia representa un derecho fundamental de la infancia, respaldado por un sistema judicial que busca garantizar la justicia y equidad. La funcionaria enfatiza que no es una opción, sino una obligación legal que forma parte esencial de una paternidad o maternidad responsable.
Acciones para combatir el incumplimiento
- Registro público de deudores alimentarios
- Búsqueda activa en instituciones laborales
- Asesoría legal gratuita para madres afectadas
- Coordinación interinstitucional para el seguimiento de casos