Deuda de Coosalud obliga a Hospital General a suspender servicios
El derecho a la salud vuelve a estar amenazado por los fallos del sistema. El Hospital General de Medellín anunció que desde este lunes 8 de junio dejará de prestar algunos servicios a los afiliados de Coosalud. La razón es el incumplimiento histórico en los pagos de la EPS, que acumula una deuda cercana a los $15.000 millones con esta institución pública.
Una decisión que duele en el tejido social
El gerente del centro asistencial, Juan David Arteaga, explicó que la medida no es caprichosa, sino una urgencia para evitar el colapso financiero del hospital. Durante el mes de junio, la EPS no programó ningún pago para reducir la enorme cartera pendiente.
Para nosotros es muy difícil seguir atendiendo pacientes de la EPS Coosalud con una cartera cercana a los 15 mil millones de pesos y que durante el mes de junio no nos programen ningún pago.
Las consecuencias recaen directamente sobre la gente. Actualmente, el Hospital General atiende cerca del 10 % de los pacientes hospitalarios de esta EPS. En sus camas permanecen más de 60 afiliados hospitalizados y otros 10 aguardan atención en urgencias. Son personas, no números.
El impacto en los territorios más olvidados
El problema trasciende a Medellín y amenaza con quebrar la red pública de todo el departamento. Desde el pasado 4 de junio, la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa) encendió las alarmas. Arteaga, quien también es vicepresidente de la Asociación, aseguró que los 130 hospitales públicos de Antioquia sufren los retrasos de Coosalud, y más de 100 centros asistenciales atraviesan serias dificultades.
La alerta es especialmente preocupante si miramos el mapa de la desigualdad territorial. Coosalud tiene cerca de 467.000 afiliados en Antioquia, muchos de ellos concentrados en el Urabá y el Bajo Cauca. Son regiones donde las comunidades campesinas, indígenas y afro han resistido históricamente el abandono institucional. Una suspensión masiva de servicios significaría cerrarles la puerta a la atención médica en territorios que ya padecen carencias profundas.
Intervención con sombras y promesas en el aire
Ante la gravedad del momento, Coosalud emitió un mensaje de tranquilidad el viernes 5 de junio. Aseguraron que los pagos están en camino, aunque se han retrasado por los procesos administrativos derivados de la intervención forzosa que sufre la entidad. Además, indicaron que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) realizaría pagos directos a los hospitales la próxima semana para aliviar la crisis.
Sin embargo, la confianza se desvanece cuando se revisa el historial de la intervención. En marzo, la Procuraduría General suspendió provisionalmente por tres meses a Alexander Mesa Romero, el agente interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud, por posibles irregularidades en la gestión administrativa y financiera. Mientras los recursos se pierden en la burocracia y la opacidad, los indicadores de la EPS se deterioran y son cientos de miles de pacientes los que pagan la cuenta.
Exigir lo prometido para proteger la vida
Coosalud cuenta con más de tres millones de afiliados en el país y tiene una fuerte presencia en departamentos como Bolívar, Córdoba, Sucre y Magdalena. La incertidumbre sobre su futuro financiero pone en riesgo el acceso a consultas, medicamentos y tratamientos especializados para las poblaciones más vulnerables.
La red hospitalaria pública de Antioquia aguarda con la esperanza puesta en que la Adres cumpla con los giros prometidos. De lo contrario, las restricciones de atención se extenderán en las próximas semanas. Es momento de exigir que las instituciones cumplan su papel, que se respete la sostenibilidad de la salud pública y que, sobre todo, el derecho a la salud deje de ser una promesa incumplida para las comunidades que más lo necesitan.