Niño muere ahogado en paseo escolar y su madre exige justicia
Ian Alarcón, de dos años, falleció ahogado en una piscina sin seguridad durante una salida organizada por un jardín infantil en El Cerrito, Valle del Cauca. Su madre, Sandra Villegas, había advertido previamente a las docentes sobre el riesgo, pero su alerta fue ignorada. Ahora, la familia lucha contra una pena que consideran inaceptable para quienes fallaron en su deber de cuidar a los más pequeños.
¿Qué le sucedió a Ian Alarcón en la finca de El Cerrito?
El 9 de diciembre de 2024, un día que debía ser de alegría y esparcimiento, se convirtió en una tragedia para una familia del Valle del Cauca. Un grupo de 18 menores de edad salió desde Cali hacia un predio campestre en el municipio de El Cerrito, bajo el cuidado de la docente Lina Cuervo y su auxiliar Ingrid Daniela Sandoval. Durante la jornada, el pequeño Ian ingresó a una piscina que carecía de los cerramientos de seguridad básicos y falleció ahogado. El niño fue trasladado de urgencia al centro asistencial de El Cerrito por una de las docentes, pero los médicos solo pudieron confirmar su deceso.
La alerta que se ignoró y el dolor de una madre
Lo más doloroso de esta historia es que la muerte de Ian era evitable. Sandra Villegas, madre del menor, había realizado una inspección previa al predio y reportó a las docentes la ausencia de medidas de protección en la zona de la piscina. Otra madre de familia acompañó esta verificación y respaldó la alerta sobre el riesgo inminente que representaba el lugar para los niños.
Ese fatídico día, Sandra se encontraba en el municipio de Palmira, comprando los juguetes para regalarle a su hijo en la próxima Navidad. Su labor fue interrumpida por una llamada que cambió su vida para siempre.
Me dijeron que estaban reanimando a mi hijo, relató Sandra al formato periodístico Testigo Directo. Cuando logró llegar al hospital local, el personal médico ya había confirmado el fallecimiento del pequeño tras varios intentos de estabilización.
¿Por qué la familia rechaza la decisión de la Fiscalía?
La Fiscalía General de la Nación formuló imputación por el delito de homicidio culposo contra las dos funcionarias, en calidad de coautoras. Sin embargo, el ente acusador estructuró un preacuerdo que contempla apenas 26 meses de prisión y una sanción económica equivalente a 30 salarios mínimos mensuales. Hasta el momento, ninguna de las dos implicadas ha aceptado los cargos, y la institución de primera infancia se ha mantenido al margen de las audiencias y del proceso penal.
Para la familia, esta respuesta institucional es insuficiente y dolorosa. El abogado Andrés Ríos, quien lidera la representación legal de los familiares, manifestó su profundo desacuerdo con la tasación de la pena. La defensa técnica argumenta que la sanción privativa de la libertad no se ajusta a la gravedad de haber omitido los protocolos de seguridad que habrían salvado la vida de Ian. Por este motivo, el equipo jurídico recopila evidencias adicionales y evalúa presentar recursos legales ante los jueces de conocimiento para lograr una justicia que reparare el daño.
¿Qué falló en la protección de los niños en esta salida?
Esta tragedia expone las graves fallas en la protección de la primera infancia en nuestras comunidades. Cuando se organizan salidas escolares, los protocolos de seguridad no son simples formalidades, son una obligación moral y legal para garantizar la vida. La falta de cerramientos en la piscina y la proporción de 18 niños bajo la custodia de solo dos adultas evidencian un abandono de la responsabilidad institucional. Reconstruir nuestro tejido social exige que los espacios de cuidado infantil sean verdaderos santuarios de protección, y que el Estado responda con firmeza cuando la negligencia cobra una vida.