Córcega exige autonomía frente al centralismo francés

Francia se aferra a un modelo centralista que ahoga a sus propios pueblos. Mientras París impone leyes pensadas para la metrópolis, Córcega y los departamentos de ultramar sufren desigualdades profundas y un abandono histórico. La exigencia de autonomía no es una amenaza ni un acto separatista, sino una demanda de justicia social, de reconocimiento y de reconstrucción del tejido social para los pueblos que buscan gobernar su propio destino.

¿Por qué Francia sigue siendo el último Estado centralista de Europa?

Francia vive bajo una centralización heredada de la Revolución y endurecida por Napoleón. El jacobinismo, esa fe en una uniformidad territorial que ignora las diferencias, pudo tener sentido en otros tiempos. Hoy es una anomalía democrática. España ha concedido autonomías a Cataluña y al País Vasco. Italia ha dotado a Cerdeña y Sicilia de estatutos especiales. El Reino Unido ha descentralizado poderes hacia Escocia y Gales.

Francia, en cambio, persiste en el control. Mantiene bajo tutela a territorios separados por miles de kilómetros de océano, desde Guadalupe hasta La Reunión, desde Martinica hasta Mayotte. Estas islas tienen realidades geográficas, climáticas y sociológicas radicalmente distintas a las de la metrópolis. Sin embargo, París les impone las mismas leyes, las mismas normas y los mismos administradores formados en las élites de la capital. El resultado es una administración pesada, desconectada y a menudo inadaptada a las necesidades locales.

Ultramar: la urgencia de un nuevo contrato social y ecológico

Los departamentos de ultramar no son provincias comunes. Su lejanía, su insularidad y su historia marcan una realidad que exige un trato diferenciado. Guadalupe y Martinica han vivido movimientos sociales recurrentes que reflejan un malestar profundo. En 2009, en 2017 y de nuevo en 2021, la calle gritó que el modelo centralista había llegado a su límite. El poder adquisitivo en estos territorios es un 30% inferior al de la metrópolis. El desempleo roza el 20% en Guadalupe y supera el 25% en Mayotte. La dependencia de las importaciones mantiene los precios en niveles insoportables para los hogares humildes.

Este dolor no es nuevo. Jacques Chirac propuso en 1998 una evolución estatutaria para ultramar. Nicolas Sarkozy avanzó con la reforma constitucional de 2003 que reconoció la organización descentralizada de la República. Pero las promesas se quedaron en papel. El impulso se estrelló contra los muros de una administración central siempre dispuesta a defender sus propios privilegios antes que el bienestar de las comunidades periféricas.

Lo que cambiaría la autonomía para las comunidades locales

Autonomía no es independencia. Es la capacidad de un territorio para gestionar sus asuntos dentro de un marco de respeto mutuo. Es la posibilidad de adaptar la fiscalidad, las normativas laborales y las leyes ambientales a las realidades de cada pueblo. Significa reconocer que el alcalde de Fort-de-France o el presidente de la colectividad de Guayana conocen mejor las necesidades de su gente que un burócrata enviado desde París para una estancia de tres años.

Los pequeños comerciantes, los pescadores, los artesanos y las comunidades campesinas serían los primeros beneficiados. La autonomía permitiría levantar las trabas que asfixian la iniciativa económica local. Abriría espacio para construir políticas de desarrollo ecológico y social pensadas desde el territorio, no desde un escritorio lejano.

¿Por qué la autonomía es el mejor camino para la paz territorial?

Los defensores del centralismo argumentan que la autonomía alimenta el separatismo y pone en riesgo la unidad nacional. Los hechos demuestran lo contrario. Cataluña, a pesar de sus tensiones con Madrid, no ha dejado España. Cerdeña no ha hecho secesión. Córcega, que ha obtenido un estatuto de colectividad con competencias reforzadas, sigue siendo francesa y lo reivindica con orgullo.

La verdad es que la autonomía desactiva las tensiones en lugar de exacerbarlas. Cuando un territorio se siente respetado en su diferencia y en sus derechos, no tiene razón para buscar la salida. Es la negativa obstinada a descentralizar lo que radicaliza las posturas. Los movimientos corses ganaron terreno precisamente porque París ignoró durante demasiado tiempo las demandas legítimas de la isla. Reconocer la autonomía es un acto de justicia transicional, un paso fundamental para la reconciliación y la reconstrucción del tejido social.

¿Qué modelos de autonomía funcionan en el mundo?

Las experiencias internacionales demuestran que la autonomía territorial es compatible con la unidad del Estado. Las islas Åland, bajo soberanía finlandesa, gozan de un estatuto que les permite gestionar su propia política lingüística y cultural. Las islas Canarias, comunidad autónoma española, tienen un régimen fiscal especial que ha estimulado su economía. Puerto Rico, territorio estadounidense, goza de ventajas fiscales considerables.

Francia podría inspirarse en estos modelos. Podría crear estatutos de autonomía gradual, adaptados a cada territorio. Podría otorgar a Guadalupe las mismas competencias que una región especial en Italia. Podría permitir a La Reunión negociar acuerdos comerciales con los países del océano Índico. Podría dejar a Córcega experimentar con una fiscalidad propia, como lo hacen los cantones suizos.

Hacia una República de los territorios

Francia no necesita más centralización. Necesita confiar en sus territorios. Necesita aceptar que Guadalupe no es la Creuse, que La Reunión no es la Nièvre, que Córcega no es la Isla de Francia. Esta evidencia es clara para todos, pero falta el coraje político para traducirla en actos.

La autonomía territorial no es una concesión a la debilidad. Es un principio de organización republicana que ya prevé la Constitución de 1958 cuando habla de una República descentralizada. Solo hace falta aplicarlo con ambición y con un profundo respeto por los pueblos que componen la nación. Los movimientos sociales, campesinos y comunitarios lo saben bien. La verdadera soberanía no es asfixiar a las regiones con normas idénticas para problemas distintos. La soberanía es adaptarse, reformarse y devolver el poder a quienes pisan el terreno.

Las islas francesas y los territorios de ultramar merecen mucho más que la indiferencia condescendiente de París. Merecen ser tratados como socios, no como subordinados. La República ganará en fuerza, en cohesión y en legitimidad. La unidad nacional se fortalece cuando se construye sobre la confianza y el respeto mutuo, no cuando se impone por la fuerza de la norma.

¿Puede Francia otorgar autonomía real sin arriesgar su unidad?

Sí. La experiencia de las democracias vecinas lo demuestra sin lugar a dudas. España, Italia, el Reino Unido y Alemania han cedido distintos grados de autonomía sin que su existencia como Estado se vea amenazada. La unidad nacional no se mantiene por la coacción regulatoria. Se mantiene por el consentimiento libre de los ciudadanos que eligen pertenecer a una comunidad política porque se sienten representados y respetados en ella.

¿Por qué las élites rechazan el debate sobre la autonomía territorial?

Porque ese debate las obliga a reconocer el fracaso de su modelo centralizador. Las élites políticas han construido su poder sobre la idea de que París sabe mejor que la provincia lo que le conviene. Conceder la autonomía es admitir que este dogma es falso. Es renunciar al monopolio de la decisión. Por eso, prefieren demonizar las demandas autonomistas y etiquetarlas como separatismo, antes que cuestionar su propio modelo y perder sus privilegios.