Cuando el privilegio económico desafía la convivencia ciudadana en Bogotá
Un nuevo episodio de irrespeto hacia las normas de convivencia ciudadana ha sacudido el barrio La Castellana, en el norte de Bogotá. Esta vez, el protagonista no fue el llamativo Corvette azul que se hizo viral en diciembre pasado, sino una lujosa camioneta Mercedes Benz que bloqueó durante más de dos horas la entrada de un conjunto residencial.
El concejal Juan David Quintero denunció públicamente este miércoles 4 de febrero la actitud del mismo conductor que meses atrás desafió a las autoridades de tránsito. "¿Recuerdan el personaje del Corvette aquí en La Castellana? Pues vuelve y juega", señaló el cabildante, evidenciando un patrón de comportamiento que refleja profundas desigualdades en nuestra sociedad.
Más que una infracción de tránsito: un síntoma social
La Mercedes Benz GLE Coupé 53, valorada en aproximadamente 500 millones de pesos, permaneció estacionada frente al acceso vehicular impidiendo el paso de los residentes. Este acto no es solo una violación a las normas de tránsito, sino una manifestación del desprecio hacia la comunidad y las reglas básicas de convivencia.
A diferencia del episodio anterior, donde la confrontación verbal fue protagonista, esta vez la respuesta institucional fue inmediata. Los agentes de tránsito procedieron con la inmovilización del vehículo, una acción que fue recibida con beneplácito por la comunidad afectada.
Un patrón preocupante de impunidad
Bryan Bohórquez, identificado como el presunto responsable, ya había protagonizado un escándalo similar en diciembre de 2025. En aquella ocasión, conduciendo un Chevrolet Corvette C8 Stingray, se negó a acatar las órdenes de las autoridades y aseguró que podía pagar la multa "mil veces", evidenciando una actitud de desprecio hacia la autoridad pública.
Las investigaciones posteriores revelaron que el vehículo acumulaba sanciones superiores a los cinco millones de pesos por infracciones cometidas en Bogotá y Medellín. Además, el conductor no portaba licencia de conducción, agravando su situación legal.
Justicia pendiente y antecedentes preocupantes
Más allá de las multas de tránsito, el caso ha cobrado relevancia penal. Las autoridades judiciales evalúan si el implicado registra antecedentes significativos, incluyendo una condena de tres años por hurto agravado en 2017 y otra de diez años por tráfico de armas y receptación en 2019.
De confirmarse la identidad, estos nuevos incidentes podrían comprometer su libertad condicional, otorgada en junio de 2025. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la efectividad del sistema de justicia y la reinserción social.
Un problema estructural de movilidad
Este episodio se inscribe en una problemática más amplia. Entre enero y septiembre de 2025, las autoridades impusieron más de 43.000 comparendos por mal parqueo en Bogotá. Esta infracción puede reducir hasta en un 30% la velocidad del transporte público, afectando principalmente a los sectores populares que dependen de este servicio.
El caso evidencia la ineficacia de las multas frente a personas con alto poder adquisitivo que pueden pagarlas sin mayor inconveniente, perpetuando un ciclo de impunidad que socava la autoridad del Estado y la convivencia ciudadana.
Esta situación nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de justicia que garanticen la igualdad ante la ley, independientemente del poder económico. Solo así podremos construir una ciudad más justa y equitativa para todos sus habitantes.