La lucha ciudadana contra la impunidad: demanda histórica busca justicia por el saqueo de la UNGRD
En un acto de valentía ciudadana que marca un hito en la defensa de los recursos públicos, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia ha interpuesto una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta acción judicial representa, según sus promotores, "una medida para romper una cadena de impunidad de cuello blanco en el Congreso", un grito de justicia que surge desde las comunidades más vulnerables del país.
El dolor de las comunidades traicionadas
Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, explica con dolor y determinación que esta demanda es "un gesto simbólico" que busca visibilizar el saqueo de recursos destinados a proteger a las poblaciones más vulnerables de Colombia.
"Se trata de ponerle lupa al saqueo de los recursos públicos de la UNGRD, en el que venimos actuando desde hace tiempo como representantes de víctimas de comunidades indígenas y poblaciones en riesgo", sostiene Bustos, quien denuncia "un entramado administrativo que terminó en beneficios políticos, sanciones fallidas y una democracia en riesgo".
El escándalo ya tiene condenados a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, junto al exsubdirector Sneyder Pinilla y al contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como "El pastuso". Mientras tanto, exministros y altos funcionarios como Ricardo Bonilla, Andrés Calle y Luis Fernando Velasco enfrentan medidas de aseguramiento.
Los rostros de la traición al pueblo
La demanda señala específicamente a nueve parlamentarios que habrían participado en este esquema de corrupción que robó esperanza a las comunidades más necesitadas:
Martha Peralta y Berenice Bedoya: El trueque de la dignidad
Según la investigación, en el segundo semestre de 2023, las congresistas Martha Peralta y Berenice Bedoya habrían negociado contratos y cargos burocráticos en la UNGRD como pago por su apoyo a las reformas del gobierno en el Congreso.
El esquema involucró contratos por $12.395 millones destinados a proyectos en La Guajira, Puerto Concordia (Meta), Aguazul (Casanare) y Mistrató (Risaralda), territorios que esperaban obras de protección contra desastres naturales.
La Comisión de Crédito Público: Cuando el control se vende
Los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Liliana Bitar, junto al excongresista Juan Diego Muñoz, habrían pactado con el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla un intercambio de favores que traicionó su función de control.
Este órgano, encargado de evaluar las operaciones de crédito público y proteger las finanzas del país, habría condicionado su función a la recepción de prebendas canalizadas através de contratos de la UNGRD.
Los otros señalados: Una red de complicidades
La investigación también involucra al senador Julio Elías Chagüi, quien habría exigido prebendas para direccionar un contrato en Sahagún (Córdoba), y a Loreto Gómez, mencionado en conexión con presuntas cuotas políticas en el Instituto Nacional de Vías.
Un grito de justicia desde los territorios
Para las veedurías ciudadanas, el punto de quiebre fue la decisión de la Corte Suprema de no imponer medidas de aseguramiento a varios integrantes de la Comisión de Crédito Público, pese al volumen de pruebas y testimonios de colaboradores como Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Esta situación, advierte Pablo Bustos, "abre la puerta para que varios congresistas vuelvan a aspirar al Congreso en este 2026, pese a tener procesos abiertos y ningún castigo en firme".
La esperanza de las comunidades
Esta demanda representa más que un proceso judicial: es el clamor de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas que vieron cómo los recursos destinados a su protección fueron desviados para beneficio político.
Es la voz de los territorios que sufren las consecuencias de los desastres naturales mientras quienes debían protegerlos negociaban con su dolor. Es la esperanza de que la justicia, aunque tarde, pueda llegar para reconstruir la confianza en las instituciones.
El Consejo de Estado ahora tiene en sus manos la responsabilidad histórica de enviar un mensaje claro: los recursos del pueblo son sagrados y quienes los traicionen pagarán las consecuencias.
Esta demanda de pérdida de investidura no solo busca la "muerte política" de nueve congresistas, sino el renacimiento de la esperanza en una democracia que sirva verdaderamente al pueblo colombiano.