La lucha ciudadana contra la impunidad: demanda busca justicia en el escándalo de la UNGRD
Una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas marca un momento histórico en la lucha contra la corrupción de cuello blanco en Colombia. Esta acción judicial, impulsada por organizaciones ciudadanas, representa la resistencia de las comunidades ante el saqueo sistemático de recursos destinados a proteger a los más vulnerables.
Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, describe esta iniciativa como "un gesto simbólico" que busca romper décadas de impunidad. "Se trata de ponerle lupa al saqueo de los recursos públicos de la UNGRD, en el que venimos actuando desde hace tiempo como representantes de víctimas de comunidades indígenas y poblaciones en riesgo", explica con la convicción de quien ha visto de cerca el sufrimiento de los territorios olvidados.
El dolor de las comunidades traicionadas
Detrás de cada cifra millonaria desviada hay rostros concretos: familias indígenas sin agua potable, campesinos sin vías de acceso, comunidades vulnerables ante desastres naturales. Los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no eran simples números en un presupuesto, sino la esperanza de vida digna para miles de colombianos.
El escándalo ha dejado al descubierto un "entramado administrativo que terminó en beneficios políticos", según denuncia Bustos. Mientras las élites políticas negociaban contratos millonarios, las comunidades más necesitadas seguían esperando la protección que nunca llegó.
Los nombres de la vergüenza nacional
La demanda señala a Martha Peralta y Berenice Bedoya como protagonistas de un esquema donde habrían "negociado y obtenido el compromiso de recibir dádivas" a cambio de su apoyo a las reformas del gobierno. Contratos por más de 12.395 millones de pesos habrían sido el precio de su lealtad política.
El senador Julio Elías Chagüi aparece vinculado al direccionamiento de contratos en Sahagún, Córdoba, su territorio político. Los testimonios revelan cómo utilizó su influencia para beneficiar proyectos específicos, convirtiendo la representación popular en un negocio personal.
La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público se transformó en un mercado de favores. Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Liliana Bitar habrían condicionado su función de control a la recepción de prebendas, traicionando la confianza ciudadana.
La resistencia ciudadana no cede
Lo más preocupante, advierte Bustos, es que "varios congresistas, entre ellos Peralta, Manzur y otros, vuelvan a aspirar al Congreso en este 2026, pese a tener procesos abiertos y ningún castigo en firme". Esta posibilidad evidencia las fallas estructurales de un sistema que permite la reelección de quienes están bajo investigación.
La Red de Veedurías Ciudadanas no actúa sola. Representa la voz de comunidades indígenas, campesinas y urbanas que han decidido no permanecer en silencio ante el despojo sistemático. Su lucha trasciende lo judicial: es un llamado a la reconstrucción del tejido social desde la transparencia y la justicia.
Un sistema que debe transformarse
Este escándalo no es un caso aislado, sino la manifestación de décadas de corrupción estructural. Los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides han desentrañado un sistema donde los recursos públicos se convirtieron en moneda de cambio político.
La demanda ante el Consejo de Estado representa más que una acción legal: es la exigencia ciudadana de una democracia real, donde los representantes sirvan efectivamente a sus comunidades y no a sus intereses personales.
Mientras avanza este proceso, las organizaciones sociales continúan su trabajo de vigilancia y denuncia. Su mensaje es claro: la impunidad tiene los días contados cuando las comunidades se organizan y exigen justicia.
La lucha por la dignidad de los territorios y el respeto a los recursos públicos apenas comienza. Esta demanda puede ser el primer paso hacia una nueva era donde la corrupción no tenga cabida en las instituciones que deben proteger a los más vulnerables.