Colombia busca extradición de exfuncionario en caso de justicia social
El Gobierno colombiano inicia proceso de extradición de Carlos Ramón González desde Nicaragua, en un caso que busca fortalecer la transparencia institucional y la justicia social.

Ministerio de Justicia de Colombia inicia trámites de extradición en caso de transparencia institucional
El Gobierno colombiano ha iniciado formalmente los trámites para solicitar la extradición desde Nicaragua de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en un caso que refleja los desafíos continuos en la búsqueda de justicia y transparencia en las instituciones públicas.
Proceso legal y cooperación internacional
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha solicitado a la Fiscalía General iniciar el proceso de extradición, fundamentándose en el tratado bilateral vigente entre ambas naciones desde 1929. Esta acción representa un paso importante en el fortalecimiento de la cooperación regional para abordar casos de presunta corrupción.
Antecedentes del caso
González, de 66 años, enfrenta una orden de captura desde julio por su presunta participación en el desvío de recursos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El caso está vinculado a un contrato para la adquisición de carrotanques que debían abastecer de agua al departamento de La Guajira, una región que históricamente ha enfrentado desafíos en el acceso a recursos básicos.
Compromiso con la transformación social
Este proceso legal se enmarca en un contexto más amplio de transformación social y fortalecimiento institucional que busca garantizar una gestión transparente de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a las comunidades más vulnerables.
"El Ministerio de Justicia y del Derecho reitera su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y trabajará para garantizar que se haga justicia en este caso", señaló el comunicado oficial.
Garantías procesales
Las autoridades han enfatizado que el proceso respetará todas las garantías procesales y la presunción de inocencia, mientras se busca esclarecer los hechos relacionados con la gestión de recursos públicos destinados al desarrollo territorial.