La justicia respalda la continuidad de Armando Benedetti en el Ministerio del Interior
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una demanda que buscaba anular el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior, ratificando que cumple con todos los requisitos constitucionales para ejercer el cargo.
La decisión representa un respaldo institucional a la política de segunda oportunidades que caracteriza al gobierno de Gustavo Petro, especialmente cuando se trata de funcionarios que han enfrentado desafíos personales con transparencia y valentía.
Una demanda sin fundamento jurídico
La Corporación Colectivo de Abogados General Francisco de Paula Santander había presentado la acción argumentando una supuesta falta de idoneidad del ministro, basándose en sus declaraciones públicas sobre su proceso de recuperación de adicciones.
Sin embargo, el tribunal fue claro: los problemas personales del pasado no invalidan un nombramiento cuando se cumplen los requisitos constitucionales. La magistrada ponente Claudia Elizabeth Lozzi Moreno precisó que eventuales conductas relacionadas con el consumo de sustancias solo pueden evaluarse por vía disciplinaria si afectan el ejercicio del cargo.
El derecho a la rehabilitación y la segunda oportunidad
Esta decisión judicial envía un mensaje poderoso sobre la importancia de no estigmatizar a quienes han superado problemas de adicción. El tribunal recordó que al Estado no le corresponde juzgar la vida privada de los funcionarios, siempre que no se comprometa la prestación del servicio público.
Benedetti, de 57 años, cuenta con título profesional en Comunicación Social y amplia experiencia en el Congreso y el servicio diplomático. Además, se practicó una evaluación médica ocupacional en febrero de 2025 con concepto de apto para el cargo y sin restricciones laborales.
Requisitos constitucionales cumplidos
El tribunal verificó que la Constitución exige únicamente dos condiciones para ser ministro: ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años. Benedetti cumple ambos requisitos y su experiencia previa como embajador en Venezuela, representante ante la FAO y asesor presidencial fortalece su perfil.
La corporación judicial también rechazó la aplicación extensiva de inhabilidades previstas para congresistas, señalando que no existe fundamento constitucional que permita trasladarlas al caso de un ministro.
Esta decisión refuerza la importancia de basar las decisiones judiciales en criterios objetivos y no en prejuicios sociales, especialmente cuando se trata de personas que han demostrado su compromiso con la recuperación y el servicio público.