Aerocivil bajo la lupa: contratos en domingos y festivos encienden alarmas por transparencia
En medio de un clima de desconfianza y denuncias por presuntas irregularidades en millonarios procesos de contratación, la Aeronáutica Civil tomó una decisión que ha generado debate: habilitar sábados, domingos y festivos para firmar contratos estatales. La medida, contenida en la Resolución 02006, fue firmada por el director encargado, Luis Alfonso Martínez Chimenty, apenas nueve días antes de que la Contraloría realizara una inspección en las oficinas de la entidad.
Para comunidades que han luchado por la transparencia en el uso de los recursos públicos, esta decisión levanta preguntas sobre la urgencia y la necesidad de acelerar procesos contractuales en días no laborales. La resolución, revelada por El Tiempo, argumenta que se busca garantizar el desarrollo de trámites a través de la plataforma SECOP II, que opera en tiempo real. Sin embargo, el contexto de crecientes cuestionamientos no puede ignorarse.
¿Por qué se habilitaron los días festivos para contratar?
El documento oficial señala que, por razones especiales del servicio, era necesario establecer temporalmente la validez de trámites internos de carácter presupuestal y contractual. Las fechas autorizadas incluyen varios sábados entre junio y agosto de 2026. La medida declara estos días como hábiles para efectos jurídicos y administrativos, permitiendo desde la preparación de documentos hasta la firma y perfeccionamiento de contratos.
La justificación oficial es cumplir con cronogramas y metas de contratación. Pero en un contexto donde funcionarios han denunciado presiones para aprobar contratos, la decisión parece apresurada. La resolución se firmó justo antes de que un equipo especial de la Contraloría llegara a las oficinas de la Aerocivil para investigar denuncias relacionadas con procesos contractuales de alto valor.
Las denuncias que rodean la contratación en la Aerocivil
Las alertas no son nuevas. Desde hace aproximadamente dos meses, se conocieron denuncias sobre la aprobación de más de 1.700 contratos dentro de la entidad. Un alto funcionario presentó su renuncia tras advertir presuntas irregularidades en un proceso para la adquisición de pólizas y seguros. El Ministerio de Transporte, por su parte, solicitó una auditoría especial para revisar los procesos contractuales.
La situación se intensificó durante la primera semana de julio con la renuncia de Narda Duperly Roa Ibarra, asesora de la Dirección General de la Aerocivil. La funcionaria denunció que estaba siendo presionada para firmar estudios previos relacionados con un contrato millonario. Aunque no entregó detalles públicos, la investigación periodística reveló que se trataba del Sistema de Gestión Documental (SGDA), ejecutado por la empresa estatal 4/72.
Un contrato que pasó de 400 millones a 12.000 millones de pesos
Los documentos revisados muestran que un contrato firmado en enero por aproximadamente 400 millones de pesos pasaría a superar los 12.000 millones de pesos. La justificación era incorporar una licencia para migrar la plataforma SGDA hacia un nuevo sistema llamado Control-DOC. Sin embargo, fuentes consultadas señalaron que los estudios previos hablaban de un licenciamiento, no de la compra definitiva del software. Además, indicaron que el costo de ese tipo de licencias en el mercado no superaría los 400 millones de pesos.
Estas cifras encienden las alarmas sobre el uso de los recursos públicos. Para comunidades que defienden la transparencia y la justicia social, este caso es un ejemplo de cómo la falta de controles puede permitir que los contratos se inflen sin justificación clara.
¿Qué pasó después de la inspección de la Contraloría?
La visita de la Contraloría se produjo en medio de crecientes cuestionamientos. Posteriormente, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) adoptó una decisión similar, habilitando días no laborales para sus trámites. Aunque fuentes de la Aerocivil inicialmente dijeron desconocer la resolución, el documento fue encontrado en el Diario Oficial.
La decisión de habilitar domingos y festivos para contratar, en un contexto de denuncias y renuncias, genera dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Para quienes creen en un Estado que sirva a las comunidades y no a intereses particulares, este caso es un llamado a fortalecer los mecanismos de control y a garantizar que los recursos públicos se manejen con honestidad.
La historia de la Aerocivil no es solo un escándalo de contratación. Es un reflejo de las tensiones entre la urgencia de modernizar el Estado y la necesidad de proteger los recursos de todos los colombianos. En un país que busca la paz y la justicia social, la transparencia no puede ser un lujo, sino una obligación.