Rendón rechaza visita de SuperSalud: ¿persecución o control necesario?
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció este lunes lo que considera una posible persecución política tras conocerse que la Superintendencia Nacional de Salud prepara una visita sorpresa a la Secretaría de Salud departamental. La situación se da en medio de una crisis que ya suma $7 billones en deudas de las EPS intervenidas, una cifra que compromete directamente la atención de millones de personas en el territorio antioqueño.
¿Qué denunció el gobernador Rendón?
A través de su cuenta de X, el mandatario departamental aseguró haber sido informado de que funcionarios de la Supersalud llegarían «en las próximas horas» al edificio de la Gobernación. Su mensaje fue directo: esta gente quiere hacer mucho daño antes de irse. Rendón insistió en que su administración ha actuado con transparencia y rectitud, siempre apelando al servicio y a mejorarle las condiciones de salud a los antioqueños.
Sin embargo, la pregunta que se plantea desde las comunidades es si la transparencia declarada es suficiente cuando los hospitales y clínicas del departamento enfrentan retrasos críticos en sus pagos. En un territorio donde la brecha entre lo urbano y lo rural sigue marcando quién accede a la salud y quién no, cualquier señal de opacidad merece ser revisada con rigor.
¿Por qué la deuda de las EPS es el centro del debate?
Rendón cuestionó que la Superintendencia no haya mostrado el mismo rigor para auditar las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional sobre varias EPS. El caso de Nueva EPS es emblemático: tras la intervención, su cartera pendiente pasó de $1,1 billones en 2022 a $4,6 billones en la actualidad. Antioquia ha denunciado reiteradamente que estas decisiones han profundizado la crisis financiera del sistema.
La Secretaría de Salud de la Gobernación ha señalado que, tras las intervenciones de las EPS realizadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, la deuda con el sistema de salud creció a $7 billones. Son cifras que no son solo números en un balance. Son camas que faltan, citas que se demoran, comunidades rurales que siguen esperando una ambulancia que nunca llega.
¿Quién es Daniel Quintero y por qué genera controversia?
La tensión se agudizó cuando el presidente Petro designó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como superintendente nacional de Salud encargado. La decisión generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y gremiales. Analistas han advertido sobre posibles conflictos de interés debido a los enfrentamientos previos de Quintero con dirigentes antioqueños, entre ellos el propio Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez.
Quintero enfrenta además un juicio por peculado y apropiación indebida. Desde su nueva posición, ha sido contundente: vamos a revisar con detalle las denuncias de corrupción que han llegado sobre cómo la gobernación de Antioquia ha manejado los hospitales departamentales. No me temblará la mano. Nadie está por encima de la ley.
¿Qué pasó con la inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia?
Este no sería el primer roce reciente entre organismos nacionales y entidades departamentales. Hace pocas semanas, la Superintendencia realizó una inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia, un activo estratégico para las finanzas departamentales. La FLA solicitó una recusación contra Quintero, pero el Ministerio de Salud rechazó la solicitud al considerar que no tenía fundamentos jurídicos suficientes.
En la mañana de este 30 de junio, Quintero anunció que la Superintendencia presentará una denuncia penal contra la FLA por presunta obstrucción a la visita, argumentando que las directivas se negaron a entregar información solicitada. Un episodio que suma desconfianza a la ya frágil relación entre la Nación y el departamento.
¿Qué está en juego para las comunidades antioqueñas?
Más allá de la disputa política, lo que está en el centro de esta crisis es el derecho a la salud de millones de personas. Antioquia es un departamento donde las desigualdades territoriales son profundas. Mientras en el Valle de Aburrá hay centros médicos de alta complejidad, en regiones como Urabá, el Bajo Cauca o el Chocó antioqueño el acceso a servicios básicos sigue siendo una deuda histórica.
Las intervenciones a las EPS, las deudas millonarias y ahora la eventual visita de la Superintendencia son piezas de un rompecabezas que no se resuelve con declaraciones cruzadas en redes sociales. Se necesita diálogo, rigor técnico y, sobre todo, voluntad política para reconstruir un sistema de salud que hoy tiene fracturado el tejido de la confianza.
Desde la Gobernación aseguraron que colaborarán con cualquier requerimiento de los organismos de control y reiteraron que su gestión se ha realizado con transparencia. Hasta el momento, la Superintendencia Nacional de Salud no se ha pronunciado oficialmente sobre el anuncio del gobernador ni ha confirmado el alcance de la eventual visita.
Lo que las comunidades exigen es claro: que las cuentas se clarifiquen, que los hospitales reciban los recursos que necesitan y que la salud deje de ser moneda de cambio en las disputas del poder. El control institucional es legítimo y necesario, pero debe ejercerse con rigor técnico y sin animosidad política. La paz social también se construye garantizando el derecho fundamental a la salud.