Remedios: masacre campesina y el clamor por una paz real
El Nordeste antioqueño vuelve a vestirse de luto. En la vereda Las Camelias, municipio de Remedios, la violencia armada arremetió contra la vida de cuatro campesinos, dejando casas reducidas a cenizas y un territorio entero sumido en el terror. No son solo cifras; son nombres, rostros, familias destrozadas.
Lo que ocurrió en Las Camelias
Desde el mediodía del sábado 6 de junio comenzaron a circular imágenes desgarradoras: viviendas incineradas, grafitis con las siglas de las Farc escritos en pipetas de gas y el silencio espeso de quienes huyeron despavoridos. Según los testimonios de la comunidad, hombres vestidos de camuflado y fuertemente armados llegaron a una finca del sector, identificándose como integrantes del Frente 4.
Cuatro habitantes de esa finca fueron retenidos ilegalmente. Organizaciones de derechos humanos y autoridades hicieron un llamado urgente a respetar la vida de los civiles. Pero la respuesta no llegó a tiempo.
Una fotografía, presuntamente distribuida por los armados para sembrar zozobra, mostraba a las cuatro personas con vida, con las manos atadas, junto a un hombre armado que portaba un brazalete de las disidencias.
Rocío, Efraín y los nombres que no olvidamos
Un día después, se confirmó el hallazgo sin vida de tres de las cuatro personas desaparecidas. Entre ellas, Rocío Silva, una mujer del campo cuya historia se entrelaza con la de su esposo, un hombre de 62 años que seguía reportado como desaparecido. También fueron hallados dos trabajadores de la finca incinerada, cuyas identidades aún están por confirmar.
El lunes 8 de junio, a tres días de la desaparición, se conoció la muerte de la cuarta persona: Efraín de Jesús Botero. Cuatro vidas segadas en un territorio que históricamente ha sido abandonado por el Estado.
La militarización no es la respuesta
Ante los hechos, el comandante encargado de la Policía Antioquia, coronel Ferley Puerto, anunció el despliegue de capacidades especializadas de Gaula, inteligencia e investigación criminal. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció recompensas de hasta 300 millones de pesos por alias Jhon Fiera, señalado como cabecilla del Frente 4, y 100 millones por alias Johan Veneno, el hombre que aparecía en las fotografías.
Sin embargo, la respuesta militar no ha logrado frenar la violencia en el Nordeste. La historia reciente demuestra que la represión por sí sola no protege a las comunidades. Se necesitan presencia institucional, inversión social y cumplimiento real de los acuerdos de paz.
Los diálogos de paz y la deuda pendiente
El Frente 4, presunto responsable de esta masacre, hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la facción liderada por alias Calarcá que participa actualmente de diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta misma estructura fue señalada por el Ejército en 2023 de desplazar a más de 260 campesinos en el departamento de Bolívar. Ahora, la ofensiva de este grupo en el Nordeste antioqueño revela una dolorosa paradoja: quienes dicen estar en la mesa de paz siguen sembrando muerte en los territorios.
Un territorio históricamente abandonado
El Nordeste antioqueño es una región donde la ausencia del Estado ha sido constante. La disputa territorial entre grupos armados por rentas ilegales, la extorsión a comerciantes y la minería ilegal han marcado décadas de sufrimiento campesino. Pero el problema de fondo es más profundo: no hay presencia institucional digna, no hay educación pública de calidad, no hay centros de salud, no hay oportunidades reales para quienes deciden quedarse en el campo.
La paz no se firma solo en los escritorios de Bogotá. Se construye cada día en veredas como Las Camelias, con agua potable, carreteras, escuelas y la certeza de que el Estado no los ha olvidado.
El tejido social se reconstruye desde abajo
Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos campesinos y las comunidades del Nordeste antioqueño siguen resistiendo. Su clamor es claro: no más sangre, no más desapariciones, no más casas quemadas. Exigen que los diálogos de paz sean reales, que se desmonte la guerra en los territorios y que se invierta de verdad en la vida digna.
La política de paz del gobierno Petro tiene en sus manos una responsabilidad enorme. Que la mesa de negociación con las disidencias no sea una fachada mientras se sigue asesinando campesanos. La exigencia es legítima y urgente: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Por Rocío, por Efraín, por los trabajadores cuyos nombres aún desconocemos y por todos los que resisten en Remedios, la paz debe ser más que una promesa. Debe ser un compromiso inquebrantable con quienes más han sufrido esta guerra.