La paz en Colombia: ¿reconciliación o ventaja estratégica para los grupos armados?
En Colombia, las iniciativas de paz han oscilado entre dos propósitos: la búsqueda legítima de la reconciliación nacional y el aprovechamiento estratégico de esos espacios por parte de algunos grupos armados ilegales. Evaluar estos procesos exige distinguir entre los fines del Estado, las expectativas de la sociedad y los resultados reales en seguridad, justicia, reparación y control territorial.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha planteado una postura firme: a los grupos armados ilegales les quedan dos alternativas, someterse a la justicia colombiana o enfrentar todo el peso de la ley, incluida la persecución armada. Esto implicaría dar por terminadas las conversaciones de paz, los ceses al fuego y las zonas de ubicación transitorias. También se suprimirían la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el Comisionado de Paz, mientras se reforzarían las funciones del Comisionado Nacional de Seguridad.
Muchos colombianos se preguntan: ¿para qué han servido estas iniciativas de paz si, después de tantos esfuerzos institucionales, el país vuelve una y otra vez a escenarios de confrontación armada?
¿Por qué la violencia persiste en Colombia?
La respuesta no es única y tiene muchos matices. La violencia en Colombia no pertenece solo a este siglo ni al pasado, sino que se remonta a los albores de la República. Durante el siglo XIX, grupos políticos opuestos participaron en guerras civiles y solo en contados casos, después de armisticios y tratados de paz, se vivieron breves momentos de tranquilidad antes de nuevos ciclos de confrontación. Según Jorge Holguín, entre 1830 y 1903 ocurrieron 28 calamidades públicas.
Al llegar al siglo XX, el conflicto tomó la forma de una violencia partidista e insurgente, asociada a los partidos Liberal, Conservador y Comunista. Países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y la Unión Soviética apoyaron la creación y el entrenamiento de grupos guerrilleros. En contraste, Estados Unidos, Israel y el Reino Unido han apoyado al Estado colombiano dentro de marcos de cooperación internacional.
Los procesos de paz en la historia reciente
Desde 1953, Colombia ha visto múltiples procesos de paz. El presidente Gustavo Rojas Pinilla logró la desmovilización de cerca de 7.000 hombres de las guerrillas liberales, pero el incumplimiento estatal y el asesinato de líderes llevaron al fracaso. En 1958, la Junta Militar creó una Comisión Investigadora para estudiar las causas de la violencia, pero los acercamientos fracasaron y algunas estructuras derivaron en guerrillas como las Farc, el ELN, el EPL y el M-19.
Entre 1958 y 1976, se presentaron desmovilizaciones individuales o de pequeños grupos, beneficiando aproximadamente a 75.000 combatientes. Sin embargo, la laxitud de los gobiernos, que dejaron a las Fuerzas Militares el manejo del orden público sin apoyo político, permitió que las guerrillas crecieran con injerencia internacional.
El Estatuto de Seguridad de 1978, bajo el presidente Julio César Turbay, buscó combatir a los grupos armados, pero los acercamientos con el ELN no produjeron los resultados esperados. Luego, Belisario Betancur llegó a acuerdos con las Farc, el M-19 y el EPL, pero colocaron a las Fuerzas Militares en situación desventajosa. En 1990, el M-19 logró un acuerdo definitivo con el gobierno de Virgilio Barco, dando paso a la acción política. En 1991, el EPL se reinsertó, aunque muchos de sus miembros fueron asesinados por las Farc.
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 cambió la Constitución de 1886 por una más moderna y garantista. Durante el gobierno de Ernesto Samper, la seguridad se deterioró profundamente. Andrés Pastrana creó la Zona de Distensión del Caguán, que se convirtió en refugio de las Farc, y fortaleció a las Fuerzas Militares con el Plan Colombia.
Álvaro Uribe, con su Política de Seguridad Democrática, logró el control territorial y el sometimiento de casi todos los grupos de autodefensas ilegales. Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo del Teatro Colón en 2016, que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Sin embargo, un grupo disidente significativo quedó en armas.
Ahora, el programa de Paz Total de Gustavo Petro invita al diálogo con todos los grupos armados ilegales. Sus resultados aún no son claros. El riesgo país aumentó, la sensación de inseguridad es latente y los cultivos ilícitos han alcanzado topes máximos de 300.000 hectáreas.
¿Qué preguntas quedan sin respuesta?
Colombia, a pesar de todos los esfuerzos, solo ha encontrado que la paz ha sido esquiva. La violencia armada no ha terminado: muta, se recicla y se transforma en nuevas expresiones. El rumbo ideológico ha sido reemplazado por las ansias de poder y dinero asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción y el daño al medioambiente.
Surgen preguntas de fondo: ¿han servido estos esfuerzos para acercar al país a la paz o han ofrecido ventajas a los grupos armados? ¿La paz es esquiva para los colombianos o los colombianos somos esquivos a la paz? ¿Los grupos armados negocian para reinsertarse o como un mecanismo para aumentar su poder? ¿El SIVJRNR ha sido lo que las víctimas esperaban? ¿En qué nos estamos equivocando?
El péndulo vuelve a la seguridad fuerte y a la aplicación de la ley. Quizás esta vez podamos 'volver a pescar de noche', como decía el maestro Darío Echandía.