Petro declara desastre nacional por El Niño: ¿medida preventiva o último movimiento apresurado?
A pocos días de entregar el poder, el presidente Gustavo Petro activó la declaratoria de desastre nacional ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño. La decisión, aprobada por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, habilita al Gobierno a mover recursos de forma acelerada para proteger el agua, los alimentos y la energía durante la temporada seca que se espera entre 2026 y 2027. Sin embargo, la medida genera un intenso debate sobre si se trata de una acción preventiva necesaria o de una improvisación de último momento que abre la puerta a nuevos riesgos de corrupción.
¿Por qué se declara el desastre nacional ahora?
El Gobierno argumenta que la declaratoria, basada en la Ley 1523 de 2012, permite agilizar la respuesta ante una amenaza climática con un 81% de probabilidad de ser “muy fuerte”. El presidente Petro ordenó reasignar 4 billones de pesos del programa Colombia Solar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sumando un total de 8 billones para enfrentar la sequía y reforzar la instalación de paneles solares. El director de la UNGRD, Javier Pava, explicó que la medida responde no solo a hechos consumados, sino a la “inminencia misma de una acción que requiera atención inmediata”.
Las voces críticas: improvisación y riesgo de corrupción
La decisión ha sido recibida con fuertes cuestionamientos desde distintos sectores. La representante Cathy Juvinao señaló que el Gobierno aún no ha ejecutado los 7,4 billones recaudados con la emergencia económica por lluvias, y ahora pretende destinar 4 billones más a la UNGRD “dizque para enfrentar El Niño, días antes de irse”. Para ella, esto es “el camino perfecto hacia la corrupción”.
El exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, alertó sobre el afán por firmar contratos en los últimos días del Gobierno. “Eso no se ve bien”, afirmó, y criticó que Javier Pava haya retomado directamente la facultad de ordenar el gasto, lo que “elimina controles” implementados tras el escándalo de corrupción de la entidad.
El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo fue contundente: “Está bien tomar medidas previsivas; lo que no está bien es pretender que en dos semanas se haga lo que no se atendió diligentemente en los meses anteriores”. También puso en duda la viabilidad jurídica de mover los recursos, calificando el trámite como “atolondrado”.
¿Llegó tarde la declaratoria?
El periodista especializado en meteorología Luis F. Molina aclaró que, técnicamente, El Niño ya está presente en el océano Pacífico, y que sus efectos en tierra tardan semanas o meses en manifestarse. Para él, la declaratoria no llegó tarde como mecanismo extraordinario, porque aún hay tiempo de preparar los sectores sensibles antes del pico de impactos, previsto entre octubre y comienzos de 2027. Sin embargo, advirtió que “lo verdaderamente atrasado son las campañas oficiales para ahorrar energía, organizar residuos y cuidar el agua”.
El analista económico Germán Machado considera que el Gobierno pudo declarar el desastre antes para ganar más tiempo. Señaló dos riesgos principales: la activación de un régimen de contratación directa que despierta alertas por los antecedentes de corrupción, y el uso anticipado de vigencias futuras que podría subir el endeudamiento o recortar otros presupuestos.
La crisis energética: un panorama sombrío
Más allá del debate político, el país enfrenta una crisis energética profunda. Según el último boletín de XM, el administrador del mercado eléctrico, el consumo de energía ya supera los 260 gigavatios hora al día, con un crecimiento del 20% en los últimos tres meses, frente a una energía firme disponible de apenas 238 GWh/día. Este descalce de entre 22 y 24 GWh/día puede traducirse en limitaciones de suministro en varias regiones.
Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, insistió en que la prioridad debería ser saldar la deuda de 2,5 billones de pesos con generadores térmicos e hidráulicos, y los 1,4 billones en subsidios pendientes. “Saldar esa cartera le daría al sector la liquidez para comprar el gas y la energía que necesita durante el fenómeno”, afirmó. Además, advirtió que los paneles solares no garantizan energía firme las 24 horas, y que no hay certeza de tener toda la infraestructura instalada a tiempo.
El panorama se agrava porque las obras de nueva generación van en menos del 20% de lo planeado, y retrasos de años anteriores dejan al país sin 3.200 megavatios de capacidad nueva. Javier Bustos, director de Observadores Col, calificó los anuncios como tardíos, recordando que en los últimos cuatro años no hubo exploración de gas ni de petróleo.
Un llamado a la transparencia y a la acción comunitaria
María Aponte, senior counsel en Holland & Knight, advirtió que la contratación directa, aunque permite una respuesta más ágil, conlleva riesgos de desvío de recursos, reducción de competencia y falta de transparencia. “El reto no es la contratación directa en sí misma, sino que la flexibilidad excepcional sea rápida, transparente y enfocada en soluciones que realmente funcionen”, señaló.
En medio de este escenario, la sociedad civil y las comunidades organizadas tienen un papel clave. Más allá de las decisiones de último momento, la preparación para El Niño requiere un esfuerzo colectivo: ahorrar energía, cuidar el agua y organizar la gestión de residuos. La pregunta que queda en el aire es si estas medidas llegarán a tiempo para proteger a las comunidades más vulnerables, especialmente en regiones como La Guajira, el Caribe, San Andrés y Providencia.
El país observa con atención los próximos días, mientras el Gobierno de Gustavo Petro cierra su ciclo con una medida que, para algunos, es una muestra de responsabilidad ante la crisis climática, y para otros, un gesto de improvisación que pone en riesgo la confianza y los recursos públicos.
Preguntas frecuentes sobre la declaratoria de desastre por El Niño
¿Qué implica la declaratoria de desastre nacional?
Permite al Gobierno expedir decretos y resoluciones para trasladar recursos de forma acelerada y coordinar mejor a las entidades que deben responder a la emergencia, bajo el marco de la Ley 1523 de 2012.
¿Cuánto dinero se ha destinado y de dónde viene?
Se reasignaron 4 billones de pesos del programa Colombia Solar a la UNGRD, sumando un total de 8 billones para atender la sequía y reforzar la instalación de paneles solares.
¿Por qué hay críticas a esta medida?
Las críticas se centran en la demora de la declaratoria, los antecedentes de corrupción en la UNGRD, la falta de ejecución de recursos previos y el riesgo de que la contratación directa facilite nuevos desvíos de fondos.
¿Qué riesgos energéticos enfrenta Colombia?
El país tiene un déficit de energía firme de entre 22 y 24 GWh/día, retrasos en obras de infraestructura, una deuda de 3,4 billones de pesos en el sector y una alta probabilidad de apagones si no se garantiza el suministro de combustibles para las plantas térmicas.