Una sesión bicameral en el Capitolio se convirtió el 12 de noviembre de 2026 en el escenario de una nueva confrontación política, después de que la congresista del Pacto Histórico Paola Andrea Quiñones recorriera los pasillos del Legislativo con un cartel de la primera dama, Ana Lucía Pineda, con los ojos cubiertos y dinero en las manos, según reportó Semana.com.
La imagen, que insinuaba la comisión de un delito, desató la reacción inmediata del Centro Democrático y de otros sectores de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras la izquierda celebraba el gesto como una forma de control político al manejo de las donaciones del terremoto de agosto de 2026.
Qué ocurrió en el Capitolio
Quiñones, representante vallecaucana, ingresó al recinto con la cartulina y la paseó por los corredores mientras afirmaba que el terremoto se le había vuelto un negocio al Gobierno.
La representante Julia Correa, del Centro Democrático, cuestionó la forma de la protesta y defendió el derecho al control político, pero con condiciones.
Se puede hacer control a la gestión del terremoto, pero con respeto y argumentos.
Correa agregó que si la congresista tiene pruebas, debe presentarlas ante las autoridades competentes, y lamentó que se ataque de esa manera a una persona que no estaba presente para defenderse.
Centro Democrático sale en defensa de la primera dama
El senador Esteban Quintero, también del Centro Democrático, fue el más duro en su rechazo.
Qué desfachatez tener que aguantar semejante irrespeto. Definitivamente no somos iguales.
En su mensaje, Quintero defendió la gestión del presidente Abelardo De La Espriella y sostuvo que el país necesita liderazgo para reconstruirse después del terremoto. También advirtió sobre un posible nuevo estallido social y expresó su apoyo al mandatario y a su esposa.
El debate de fondo: las donaciones del terremoto
Más allá del episodio en el hemiciclo, la controversia apunta a una pregunta que varias voces han insistido en plantear con seriedad: cómo se están manejando los recursos de la solidaridad ciudadana tras la tragedia que golpeó al país en agosto de 2026.
La propia primera dama ha respondido a las críticas en varias ocasiones. En una entrevista concedida el 18 de octubre de 2026 a la presidenta de SEMANA, Vicky Dávila, Pineda sostuvo que los opositores del gobierno de su esposo, la izquierda, la han querido usar como instrumento para atacarlo.
Colombia entera sabe que nos hemos movilizado en todos los territorios damnificados. Nuestro trabajo no para.
En esa conversación, Pineda entregó un balance de su gestión y aseguró que las cuentas están claras. Explicó que los dineros recaudados no han sido tocados por iniciativa propia, sino por decisión de la junta directiva, y que se reservan para una etapa posterior centrada en la reconstrucción.
Anunció además que esa fase estará acompañada por la firma PricewaterhouseCoopers como interventora y auditora, con obras previstas en Cali que incluyen la IPS Meléndez, el Hospital Carlos Holmes Trujillo, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca y varias instituciones educativas.
Voces de izquierda piden transparencia, no espectáculo
El cuestionamiento al manejo de las donaciones no se limita al gesto de Quiñones. Sectores de izquierda han insistido en que la ciudadanía debe conocer con soportes el destino de los recursos recaudados tras la emergencia, y han reclamado que se cumplan las órdenes judiciales relacionadas con esa información, según reportó Infobae.
Por su parte, la senadora María José Pizarro pidió explicaciones públicas sobre el dinero de las donaciones, como informó Publimetro Colombia, en medio de un clima político cada vez más tenso.
Para las comunidades damnificadas, que aún esperan soluciones de vivienda y servicios básicos en municipios golpeados por el sismo, este debate no puede quedarse en carteles y acusaciones cruzadas. La transparencia sobre los recursos de la solidaridad es un asunto de dignidad, no de banderín político.
Un país que necesita respuestas, no caricaturas
El episodio del Capitolio refleja una polarización que amenaza con devorar la agenda urgente del país: la reconstrucción de los territorios afectados, la atención a las familias que perdieron sus hogares y la recuperación de la salud pública y la educación en las zonas deprimidas.
El control político es legítimo y necesario, sobre todo cuando se trata de donaciones que salieron del bolsillo de millones de colombianos solidarios. Pero ese control gana autoridad cuando se ejerce con pruebas, con documentos y ante las instituciones competentes, no con imágenes que humillan a una persona ausente.
También es cierto que quienes administran recursos públicos o de solidaridad ciudadana tienen la obligación de rendir cuentas de manera completa, oportuna y verificable. La primera dama ha dicho que las cuentas están claras; que esas cuentas se abran al escrutinio de todos sería la mejor respuesta a las dudas que persisten.
Mientras tanto, en los municipios afectados por el terremoto de agosto de 2026, miles de familias continúan esperando la reconstrucción prometida. De que el debate político baje del cartel al territorio depende, en buena parte, la confianza de un país cansado del espectáculo y necesitado de resultados.
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurrió en el Congreso contra Ana Lucía Pineda?
El 12 de noviembre de 2026, la congresista del Pacto Histórico Paola Andrea Quiñones recorrió el Capitolio con un cartel de la primera dama con los ojos cubiertos y dinero en las manos, lo que desató el rechazo del Centro Democrático.
¿Quién defendió a la primera dama?
Los senadores Julia Correa y Esteban Quintero, del Centro Democrático, criticaron el gesto y pidieron que las denuncias, si existen, se presenten con pruebas ante las autoridades competentes.
¿Qué ha dicho Ana Lucía Pineda sobre las donaciones?
En una entrevista del 18 de octubre de 2026, la primera dama aseguró que las cuentas están claras, que los recursos no se han tocado por iniciativa propia y que la firma PricewaterhouseCoopers auditará la etapa de reconstrucción.