Paz en Putumayo: Gobierno apela fallo que frena zona temporal
El Gobierno colombiano apelará la decisión judicial que suspendió la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en el Valle del Guamuez, Putumayo. Un juez ordenó detener las actividades tras una tutela del resguardo indígena Telar Luz del Amanecer, que denuncia la vulneración al derecho fundamental de la consulta previa. Mientras la delegación de paz asegura que el traslado de personas en proceso de reincorporación está avanzado y es irreversible, se reabre el debate sobre cómo articular la construcción de paz con el respeto a los territorios ancestrales.
El derecho ancestral que detiene una decisión nacional
La orden judicial surgió tras una acción de tutela presentada por el resguardo Telar Luz del Amanecer. La comunidad indígena alegó que no se garantizaron las reglas del debido proceso y que el Estado omitió los procedimientos legales de participación para intervenciones en sus territorios ancestrales.
Aunque el Gobierno afirma haber realizado reuniones de socialización con comunidades de la zona hace un mes, no especificó si este resguardo fue incluido en esos encuentros. Para las comunidades indígenas y campesinas, la consulta previa no es un simple trámite, sino una salvaguarda de su autonomía y su relación con la tierra. El fallo judicial refleja la necesidad imperativa de que las políticas de paz se construyan desde abajo, escuchando a quienes habitan los territorios.
¿Por qué el Gobierno considera imposible devolver el paso?
Para la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos, acatar la suspensión en este momento resulta logísticamente inviable. El jefe negociador, Armando Novoa, calificó la orden como de imposible ejecución, ya que el traslado de los integrantes de la CNEB se encuentra en una etapa avanzada.
Según Novoa, 99 integrantes de esta disidencia ya han comenzado su llegada escalonada a puntos de preconcentración. Muchos de ellos han sido transportados en helicópteros civiles por recomendación de seguridad de las Fuerzas Militares.
Sería completamente incomprensible que, en virtud de una orden judicial, tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen para que sigan ejerciendo la violencia.
El proceso está respaldado por el Decreto 0603 del 13 de junio, que suspendió las operaciones ofensivas contra esta estructura para facilitar su ingreso a la zona sin armas. El área comprende seis hectáreas arrendadas por el Ejecutivo hasta diciembre de 2026, y busca ser un espacio para dejar las armas atrás y empezar a tejar la reconciliación.
Zonas de Ubicación Temporal: ¿hitos vacíos o caminos hacia la reincorporación?
En total, el Gobierno ha acordado siete ZUT con cuatro organizaciones armadas distintas. Además de la CNEB, se han definido zonas para el Clan del Golfo en Córdoba y Chocó, para el Frente 33 en Norte de Santander, y para los Comuneros del Sur en Nariño.
Sin embargo, estas figuras jurídicas despiertan cuestionamientos legítimos sobre su alcance real en la reconstrucción del tejido social. Paula Tobón, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), advirtió que las ZUT corren el riesgo de convertirse en hitos vacíos si no hay un marco jurídico sólido que las acompañe.
Según la Ley 2272 y lo que ha señalado la Corte Constitucional, estas zonas solo deberían implementarse cuando existe un estado avanzado de las conversaciones. Es difícil afirmar que algunas negociaciones estén realmente avanzadas cuando las partes todavía no han acordado asuntos fundamentales.
La crítica central apunta a la ausencia de una Ley de Sometimiento. Sin certeza sobre su futuro jurídico, es difícil que quienes están en proceso de dejar las armas den un paso definitivo hacia la paz. Gerson Arias, también investigador de la FIP, señaló que avanzar en estas zonas sin garantizar los incentivos legales traslada una gran responsabilidad al próximo gobierno. La paz requiere compromisos de largo aliento, no resultados políticos parciales.
El camino hacia la vida civil
Más allá de los debates jurídicos, el propósito de estas zonas debe centrarse en la transformación real de vidas. De lograrse la consolidación del punto en Putumayo, los integrantes de la CNEB deberán entregar sus armas para su custodia por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y posterior destrucción por la Fuerza Pública.
Posteriormente, recibirán capacitación por parte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y el CESA para su tránsito a la vida civil, y contarán con la protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El verdadero éxito de estas zonas no se medirá en hectáreas, sino en la capacidad de ofrecer alternativas reales a comunidades históricamente golpeadas por la exclusión y la violencia.
La puesta en marcha de esta zona ha generado polémica por su coincidencia con el calendario electoral. No obstante, desde la Consejería de Paz insisten en que estas decisiones responden exclusivamente a los compromisos de la mesa de diálogos. El Gobierno basará su defensa legal en el procedimiento establecido por el decreto 2591 de 1991 para impugnar el fallo, buscando conciliar el avance irreversible del proceso con los derechos de las comunidades indígenas.
¿Qué es una Zona de Ubicación Temporal (ZUT)?
Es un espacio geográfico definido por el Gobierno para que integrantes de grupos armados se concentren, dejen las armas y comiencen su proceso de reincorporación a la vida civil bajo supervisión y acompañamiento del Estado.
¿Por qué se suspendió la ZUT en el Valle del Guamuez?
Un juez ordenó su suspensión tras una tutela del resguardo indígena Telar Luz del Amanecer, que denunció la vulneración del derecho a la consulta previa, ya que no fueron consultados antes de intervenir su territorio ancestral.
¿Cuántas zonas de paz ha acordado el Gobierno?
El Gobierno ha acordado un total de siete Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) con cuatro organizaciones armadas distintas, ubicadas en los departamentos de Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Nariño y Putumayo.