El gobierno de Abelardo de la Espriella estudia presentar una solicitud formal al Congreso de la República para autorizar la presencia de tropas militares de Estados Unidos en territorio colombiano, según reveló PULZO este 19 de noviembre de 2026. La decisión, que aún no ha sido formalizada, reaviva un debate de fondo sobre soberanía, democracia y el tipo de seguridad que el país quiere construir.
La discusión tomó fuerza después de que el canciller Omar Bula confirmara que el Ejecutivo prepara una petición destinada al Capitolio para fortalecer la cooperación militar con Washington, incluyendo la presencia operativa de soldados estadounidenses. El anuncio llegó tras la reunión celebrada en Bogotá con Pete Hegseth, secretario de Guerra de la administración de Donald Trump, quien reafirmó el respaldo de Estados Unidos a los intereses de Colombia.
Una decisión que no le pertenece solo al presidente
Para las comunidades que han vivido en carne propia las consecuencias de la guerra, este debate no es abstracto. La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 173 que corresponde al Senado de la República permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Como recordó El Heraldo, cualquier operación conjunta o colectiva, incluidas las planteadas en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, de la cual Colombia es parte activa, debe recibir el visto bueno de la plenaria de la cámara alta.
El propio presidente De la Espriella lo reconoció. Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, asunto que, por lo demás, sería competencia del Congreso de la República, precisó el mandatario, según el registro de El Espectador. De la Espriella añadió que cualquier decisión se tomaría con respeto por la normativa vigente y la soberanía estipulada en la Constitución.
Se trata de salvar vidas humanas, dijo el canciller Omar Bula, quien destacó que cualquier determinación ejecutiva tendrá que obtener el aval del Congreso y esperó que el proceso sea veloz.
Coaliciones frágiles y tiempos que no cuadran
Detrás de la discusión técnica hay una realidad política incómoda: el gobierno atraviesa dudas sobre el desgaste de su coalición, tema que genera especial preocupación en la Casa de Nariño, de acuerdo con los registros de El Espectador. La falta de cohesión se evidenció en los recientes debates sobre la ley de ajuste fiscal, y ahora se suma una diferencia de tiempos entre el presidente y su canciller respecto a la formalización de la petición.
Mientras tanto, el tablero legislativo está lejos de ser un terreno firme. La oposición del Pacto Histórico ya anunció que rechazará cualquier iniciativa en esa vía. Partidos como el Conservador, el Liberal, La U, Cambio Radical y Salvación Nacional aún no fijan una postura clara, aunque reconocen que la propuesta será polémica en un año electoral de cara a las elecciones regionales de 2027, como informó Publimetro.
Lo que está en juego para las comunidades
La pregunta que muchas organizaciones sociales, campesinas e indígenas se hacen es sencilla y profunda: ¿qué tipo de seguridad construye un país cuando abre su territorio a fuerzas extranjeras? Los pueblos que han padecido el conflicto armado saben que la paz no se decreta con más uniformes, sino con presencia del Estado social, con escuelas, hospitales, vías y oportunidades en los territorios históricamente abandonados.
El acuerdo de paz firmado en 2016 apostó por una transformación del campo y por la reincorporación de quienes dejaron las armas. Cada debate sobre militarización del territorio recuerda que esa apuesta sigue inconclusa. La transición que el país necesita pasa por fortalecer las instituciones civiles y la justicia, no por multiplicar operativos que, en la experiencia de las regiones, suelen dejar a las comunidades atrapadas en medio de acciones que no resuelven las causas profundas de la violencia.
Además, la solicitud llega en un momento especialmente delicado para la región. La reciente captura de Nicolás Maduro y su esposa, confirmada por el presidente Donald Trump, ha tensado aún más las relaciones hemisféricas, y Colombia se verá presionada desde varios frentes para alinearse con la estrategia de Washington. En ese escenario, la sobriedad institucional y el respeto por los canales democráticos son más valiosos que nunca.
Un debate que la ciudadanía no puede dejar en manos de pocos
Que la decisión final recaiga en el Congreso es, al menos, una garantía de que la discusión será pública. Pero el Congreso también necesita escuchar. Los sectores sociales, las juntas de acción comunal, las organizaciones de víctimas y los movimientos campesinos tienen mucho que decir sobre lo que ocurre en sus territorios, y su voz debería pesar tanto como la de los estrategas militares.
La soberanía no es un concepto de manual; es la capacidad de un pueblo de decidir su propio rumbo. Si el gobierno considera que la cooperación con Estados Unidos es necesaria, deberá convencer a la ciudadanía con argumentos, no con hechos consumados. Y si el Congreso aprueba la presencia de tropas extranjeras, deberá explicar a las regiones qué medidas acompañarán esa decisión para proteger a la población civil.
Por ahora, la decisión definitiva permanece abierta. El canciller Bula anticipó que habrá nuevas definiciones en breve, y la expectativa crece tanto en los corredores del poder como en los municipios donde la seguridad se mide en la posibilidad de salir a trabajar sin miedo.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el Senado debe autorizar la presencia de tropas extranjeras en Colombia?
Porque el artículo 173 de la Constitución Política de 1991 establece que permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República es una función exclusiva del Senado, lo que garantiza que las decisiones de alto impacto en soberanía pasen por un proceso democrático.
¿Qué es la iniciativa Escudo de las Américas en la que participa Colombia?
Es una iniciativa para operaciones conjuntas entre países aliados de la región enfocada en combatir la criminalidad. En el caso colombiano, cualquier ampliación de esa cooperación debe contar con aprobación legislativa y ajustarse a la Constitución.
¿Cuándo se formalizaría la solicitud del gobierno?
No hay fecha confirmada. El presidente De la Espriella y el canciller Omar Bula han expresado tiempos distintos sobre la formalización de la petición, y el propio mandatario ha señalado que el tema sería competencia del Congreso.
