El oro venezolano que Trump trajo a EE. UU. sigue sin encontrar refinería que lo toque
La promesa de Washington era clara: tomar el control del oro venezolano para limpiar una industria manchada por la violencia y la corrupción. Pero meses después de que el gobierno de Donald Trump autorizara la importación de lingotes desde Venezuela, ese oro, valorado en cientos de millones de dólares, permanece guardado en almacenes sin que ninguna refinería acepte procesarlo.
Una investigación del New York Times, que recorrió el camino del oro desde las minas del sur de Venezuela hasta la Casa Blanca y las casas de comercio en Europa, revela que la iniciativa estrella de Trump en materia de recursos venezolanos enfrenta un obstáculo incómodo: las propias normas internacionales que exigen garantizar que el metal no haya financiado bandas criminales, destrucción ambiental o corrupción.
El mismo día en que los primeros lingotes llegaron a la Casa Blanca, el gobierno de Trump emitió una nueva política que permite a los comerciantes importar oro venezolano proveniente de una de las regiones mineras más violentas del mundo. Los primeros suministros saldrían de Minerven, la empresa minera estatal que seguía catalogada como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
¿Qué pasó con el oro venezolano que Trump llevó a Estados Unidos?
Según tres personas con conocimiento de los envíos, todo ese oro permanece intacto en almacenes. Las refinerías tendrían que certificar, conforme a las normas internacionales, que el oro no financió actividades ilegales. Y hasta ahora, ninguna ha querido asumir ese riesgo.
“¿Queremos ser la primera refinería en anunciar públicamente que estamos recibiendo oro venezolano?”, se preguntó Simon Houghton-Dodd, de Asahi Refining, en una reciente reunión del sector en Londres.
El relato de esta fiebre del oro se basa en entrevistas con mineros y refinadores en El Callao, el corazón de la minería venezolana, así como con funcionarios de la Casa Blanca y del gobierno venezolano, líderes del sector y corredores globales de materias primas. Algunos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El acuerdo que prometió “limpiar” la minería venezolana
La historia comienza en enero, cuando Trump envió comandos estadounidenses para sacar del poder a Nicolás Maduro. Luego tomó medidas para poner las riquezas de Venezuela bajo control estadounidense. Primero fue el petróleo. Después, el oro.
El gobierno de Trump y sus aliados empresariales dijeron que la venta de oro beneficiaría a la economía estadounidense, ayudaría a desarrollar la región minera de Venezuela y privaría de ingresos a los delincuentes y funcionarios corruptos.
“Durante años, la industria minera y aurífera de Venezuela le ha sido robada al pueblo venezolano y se ha utilizado para financiar a pandillas peligrosas y apoyar a actores malintencionados en todo el mundo”, escribió Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. “Estados Unidos está ayudando a resolver este problema de larga data. Estamos limpiando la industria minera de Venezuela. Las empresas occidentales la están mejorando y legitimando”.
Pero la investigación encontró que Trump alineó a Estados Unidos con una industria todavía plagada por la misma criminalidad que, según él, enfrentaba al detener a Maduro.
Trafigura y el plan que convenció a la Casa Blanca
A los pocos días de la detención de Maduro, ejecutivos de Trafigura, una de las mayores casas de comercio del mundo, contactaron a la Casa Blanca con una idea audaz. El gobierno de Trump acababa de otorgarle a Trafigura el derecho a vender petróleo venezolano. Pero con los precios del oro por las nubes, los ejecutivos tenían ambiciones que iban más allá del petróleo.
Argumentaron que el oro venezolano era un asunto de seguridad nacional y que la Casa Blanca tenía la oportunidad de tomar el control de una industria sin ley y poner los minerales de Venezuela en manos del gobierno estadounidense y sus socios, es decir, Trafigura.
Al menos algunos empleados de Trafigura se mostraron recelosos. Venezuela tenía mucho oro, pero ¿cuánto podía rastrearse y documentarse conforme a los estándares de la industria? Involucrarse en un país donde el oro está asociado con abusos de derechos humanos y corrupción era arriesgado.
Los funcionarios de la Casa Blanca conocían estos riesgos, pero dijeron sentir presión por parte de Trump para cerrar acuerdos, y rápido. “Trafigura tenía un plan viable y rápido para comercializar el oro de manera legítima tras años de prácticas corruptas en Venezuela”, dijo la Casa Blanca en un comunicado aparte.
Las dudas del nuevo gobierno venezolano
El nuevo gobierno venezolano se mostró menos entusiasta. A principios de marzo, Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos, voló a Caracas. Dejó claro a los funcionarios venezolanos que quería negociar acuerdos importantes.
Delcy Rodríguez, presidenta interina del país, parecía escéptica. Según la propuesta, los ingresos del oro venezolano se depositarían en una cuenta controlada por el Tesoro estadounidense, que luego los distribuiría. Además, ella solo tenía un mando nominal sobre los generales militares que ejercían el control en la región minera. Si algo salía mal, no quería que la responsabilizaran.
Pero no estaba en posición de negociar. Desde que Trump la nombró como reemplazo de Maduro, Rodríguez dependía de la buena voluntad de Washington para mantenerse en el cargo.
Días antes de la llegada de Burgum, accedió a permitir que Trafigura se asociara con Minerven. El acuerdo otorgó a Trafigura el derecho, por un año, de comprar y exportar oro de las pocas minas industriales subterráneas de Venezuela.
El 5 de marzo, Burgum presidió la firma del contrato. En cuestión de horas, Trafigura trasladó rápidamente el primer cargamento de oro a Estados Unidos en un avión fletado. “Al cabo de los dos días, pudimos traer a casa 100 millones de dólares en oro, físicamente, el oro”, relató más tarde Burgum a los inversionistas del sector energético.
El sistema de protección que mancha la cadena del oro
La cadena de exportación se puso en marcha en cuestión de semanas. Desde entonces, se ha convertido en compras regulares que pueden alcanzar hasta 400 kilogramos al mes, según un funcionario venezolano y otra persona familiarizada con el acuerdo.
Pero el oro comenzó a fluir antes de que Trafigura o los auditores independientes hubieran siquiera visitado las minas. La empresa contrató a un auditor la primavera pasada y a un consultor de riesgos durante el verano, después de haber comprado ya millones de dólares en oro sin certificar.
Un reportero del Times visitó este verano El Callao, el centro de producción de oro de Venezuela. Además de las minas subterráneas de Minerven, allí se encuentran cientos de operaciones mineras rudimentarias y de gestión privada, incluidas cooperativas conocidas como “brigadas”. Los operadores de esas minas extraen oro y entregan una parte al grupo criminal local, el Tren de Guayana, como cuota de protección, según entrevistas con una docena de propietarios de minas, líderes de brigadas y empleados de Minerven.
Algunas brigadas operan dentro del cercado, en terrenos de Minerven. El líder de una de estas brigadas le dijo al Times que, cada mes, el 20 por ciento del oro del equipo va a parar a manos de la banda, una práctica tan arraigada en la economía local que se conoce como “el sistema”.
Otra parte de lo que recolectan, dijo el líder de la brigada, va a Minerven, que lo funde junto con el oro que se vende a Trafigura. Esa versión está respaldada por entrevistas con otros miembros de brigadas de la zona, así como con empleados de Minerven.
Esto significa que, en la emblemática iniciativa del gobierno de Trump relacionada con el oro venezolano, Estados Unidos está importando lingotes que contienen al menos cierta cantidad de oro vinculado al Tren de Guayana.
“Lo que puedo decir es que la explotación está profundamente arraigada en el ecosistema aurífero venezolano”, dijo David Soud, un investigador especializado en rastrear oro ilícito, a quien Trafigura contrató como consultor este verano. “Y es extremadamente difícil trabajar para construir una cadena de suministro que esté libre de ella”.
Decenas de oficiales militares venezolanos siguen ocupando puestos directivos en Minerven. Varios trabajadores de la empresa dijeron en entrevistas que han sido amenazados con despidos o cargos relacionados con el terrorismo por exigir las prestaciones establecidas en sus contratos.
Las nóminas a las que tuvo acceso el Times muestran que Minerven declara solo una fracción del oro que le vende a Trafigura. Los trabajadores dicen que esta subdeclaración reduce sus salarios, que se basan principalmente en la producción.
Trafigura se refirió a la visita del auditor a las minas. “Hasta la fecha, no se han identificado en los sitios violaciones de derechos humanos, financiamiento de conflictos, impuestos ilegales, extorsión ni participación de actores ilegales”, dijo la empresa.
Un territorio aún más peligroso: El Chocó
Una vez que Trump le abrió las puertas a Trafigura, otras empresas buscaron sacar provecho de la situación. A finales de abril, la Casa Blanca organizó una delegación empresarial a Caracas. Uno de esos ejecutivos fue Sean Pi, gestor de un fondo de capital privado cuya empresa, Heeney Capital, invierte en minas.
Heeney Capital se asoció con Mercuria, una empresa rival de Trafigura, para producir y exportar oro venezolano. Ambas empresas estimaron que sus acuerdos generarían algún día alrededor de 2,2 mil millones de dólares en exportaciones mineras anuales.
Dado que Trafigura ya se había asegurado el suministro de las minas subterráneas establecidas de Venezuela, Heeney tendría que recurrir a sitios más informales, que conllevan mayores riesgos de corrupción y daño ambiental. Heeney puso su mirada en El Chocó, una gran mina a cielo abierto operada por el Estado venezolano.
Los contratistas de la mina, que proveen maquinaria, servicio de banquetes y otros, pagaban cuotas de protección al Tren de Guayana, dijeron en julio dos trabajadores empleados por los contratistas de la mina.
“Alrededor del 90 por ciento del oro producido en Venezuela proviene de actividades delictivas”, dijo Julia Yansura, directora de programas de la FACT Coalition, una organización anticorrupción con sede en Washington. “Si las empresas internacionales quieren entrar y tratar de encontrar ese 10 por ciento que supuestamente está en regla, es como buscar una aguja en un pajar”.
Este mes, Heeney anunció que había firmado un acuerdo para hacerse cargo de las operaciones mineras y los derechos de exportación en El Chocó. La empresa dijo que modernizaría las operaciones para cumplir con los estándares internacionales. No está claro qué medidas podría tomar para desvincular la mina del crimen organizado.
Una confianza inquebrantable en la Casa Blanca
Medio año después de que el gobierno de Trump le permitiera a Trafigura traer oro venezolano a Estados Unidos, la empresa no ha logrado revenderlo, según personas familiarizadas con el acuerdo. Ese oro, pensado para ser un beneficio para las empresas estadounidenses, en cambio permanece almacenado. Quien lo compre y lo refine tendría que garantizar que el oro no tiene vínculos con la delincuencia.
El gobierno de Trump no se deja disuadir. Ha seguido flexibilizando las sanciones económicas contra la minería venezolana. Sin embargo, los legisladores demócratas han cuestionado la legalidad del acuerdo con Trafigura y prometen una mayor supervisión si ganan el control del Congreso en noviembre.
Algunos en la industria sostienen que los riesgos de comerciar con el oro de Venezuela no son excusa para rendirse. “El objetivo es involucrarse e intentar encontrar una manera de crear una cadena de suministro con integridad”, dijo Soud. “El principal riesgo de involucrarse de cualquier manera con el oro venezolano es: ¿cómo diablos evitas que el oro que sacas de Venezuela esté manchado?”.
Mariana Martínez colaboró con este reportaje desde Caracas, y Justin Scheck desde Londres.