Denuncia contra la fiscal Camargo por presuntas presiones en el caso de Nicolás Petro
La Red de Veedurías Ciudadanas presentó una denuncia formal contra la fiscal general Luz Adriana Camargo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El origen de esta acción es el testimonio de una exfiscal que asegura haber recibido presiones para modificar el curso del proceso contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
¿Qué relató la exfiscal Lucy Laborde?
En una entrevista publicada el 23 de agosto en la revista Semana, la exfiscal Lucy Laborde afirmó que la fiscal general le habría pedido retirar el delito de lavado de activos de la acusación contra Nicolás Petro, dejando únicamente el de enriquecimiento ilícito. Según su versión, esta solicitud no ocurrió en un pasillo ni en una charla informal, sino en una reunión formal en el despacho de Camargo, en el búnker de la Fiscalía.
Laborde aseguró que en ese encuentro también estuvieron presentes la delegada Aura Liliana Trujillo, el entonces vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la directora de Lavado de Activos de ese momento, Alexandra Ladino. La exfiscal relató que Camargo le preguntó cómo veía el delito de lavado de activos en el expediente, y que ella respondió que consideraba que sí estaba configurado.
“La fiscal general me preguntó por qué no retiraba ese delito y dejaba el de enriquecimiento ilícito”, declaró Laborde.
Según su testimonio, Camargo habría preguntado qué consecuencias tendría para Nicolás Petro mantener el delito de lavado de activos. La respuesta, según la exfiscal, fue que podría implicar su inclusión en la lista OFAC de Estados Unidos.
¿Qué pide la denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones?
El documento presentado por la Red de Veedurías Ciudadanas solicita investigar a la fiscal general por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal. También pide que se establezcan eventuales responsabilidades disciplinarias por su actuación en el expediente contra el hijo del presidente.
Los denunciantes reconocen que la fiscal general respondió públicamente a las afirmaciones de Laborde el 23 de agosto. Sin embargo, sostienen que ante la existencia de versiones enfrentadas, la única forma de establecer qué ocurrió es mediante una investigación formal, con garantías de debido proceso y derecho de defensa.
¿Cómo respondió la Fiscalía a las declaraciones?
La Fiscalía emitió un comunicado el domingo pasado calificando las declaraciones de Laborde como “sesgadas, parciales e incompletas”. El ente acusador señaló que Nicolás Petro ya había sido acusado por esos delitos mucho antes de que la fiscal general asumiera el cargo, cuando el proceso estaba en manos del fiscal Mario Burgos.
La entidad indicó que la reunión entre Laborde, Camargo y otros funcionarios se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2024, y que su desarrollo no ocurrió en los términos señalados por la exservidora. Según la Fiscalía, en ese espacio no se impartió orden alguna para la eliminación de delitos, ni hubo coacción o presión. El único objeto de la reunión fue examinar la petición de la defensa de variar la calificación jurídica para llegar a un preacuerdo, petición a la que no se accedió.
¿Qué pasó con la salida de Laborde del caso?
Laborde señaló que luego de aquella reunión fue trasladada a una sede en Barranquilla, donde presuntamente no fue tratada con las garantías adecuadas. La Fiscalía respondió que hasta su retiro el pasado 16 de julio, Laborde recibió pleno respaldo institucional para el desempeño autónomo de su labor, y que fue ratificada en el caso ante dos peticiones de la defensa para que fuera apartada.
El ente investigador explicó que la salida de Laborde estuvo relacionada con el concurso de méritos que adelanta la entidad para proveer 4.000 cargos de planta, y enfatizó que su desvinculación no obedeció a una decisión dirigida contra ella, sino al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente.
¿En qué punto se encuentra el proceso contra Nicolás Petro?
La investigación contra Nicolás Petro se originó en los recursos que, según la Fiscalía, habría recibido durante 2022 de personas como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, y el empresario Gabriel Elías Hilsaca Acosta. Para entonces, Nicolás Petro era diputado del Atlántico y ejercía como enlace de la campaña presidencial de su padre en ese departamento.
El proceso penal avanzó hasta una etapa en la que el hijo del expresidente quedó a las puertas de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ahora, el Tribunal Superior del Atlántico tiene pendiente definir las pruebas que podrán ser utilizadas durante el juicio. Tras el retiro de Laborde, el caso quedó en manos del fiscal Juan Martín Parada.
¿Qué sigue en esta historia?
Por ahora, el expediente tiene dos historias enfrentadas: la de una exfiscal que asegura haber recibido una instrucción para retirar un delito y que posteriormente salió del caso, y la de la fiscal general, que rechaza esa versión. La Comisión de Acusaciones tendrá que determinar si detrás de ese choque existe una actuación susceptible de investigación y eventual responsabilidad.
Este episodio pone nuevamente sobre la mesa las tensiones internas en el sistema de justicia colombiano y la importancia de que las instituciones funcionen con transparencia y garantías para todas las partes. La ciudadanía espera que este tipo de controversias se resuelvan mediante los mecanismos legales establecidos, con respeto al debido proceso y a la verdad.
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