Allanamiento en Bogotá: exoficial de la Armada, vinculado a investigación por disparo contra la Procuraduría
El pasado 18 de septiembre, las autoridades allanaron un apartamento en el centro de Bogotá, ubicado a pocas cuadras de la sede principal de la Procuraduría. La diligencia se realizó tras el hallazgo de un impacto de bala en una ventana del edificio del Ministerio Público, ocurrido a finales de agosto, según informó El Tiempo.
El disparo, de una pistola calibre 9 mm, generó preocupación inicial por la posibilidad de un atentado, dado que en el edificio funcionan oficinas de abogados y asesores. Sin embargo, hasta el momento no hay elementos que permitan confirmar que se trató de un ataque directo.
¿Qué relación tiene el caso con la condena al exgobernador de La Guajira?
El magistrado José Joaquín Urbano, de la Corte Suprema de Justicia, planteó en su momento que los hechos podrían estar vinculados con la condena impuesta al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como 'Kiko' Gómez. En una carta revelada por el diario El Tiempo, el magistrado expresó su preocupación por la seguridad de los magistrados de la Sala de Casación Penal.
“Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”, señaló Urbano.
La defensa del exgobernador rechazó las afirmaciones y las calificó de desproporcionadas. “El señor Juan Francisco Gómez es una persona de avanzada edad, tiene casi 70 años y problemas graves de salud. ¿Qué soportes tiene la Corte para atribuirle el poder del que se está hablando? Es un despropósito”, indicó su equipo legal.
¿Quién es el dueño del apartamento allanado?
El apartamento allanado, que tiene cerca de diez pisos y vista directa a la Procuraduría, pertenecería a un teniente retirado de la Armada Nacional. El exoficial estuvo en las filas hasta 2024, tras permanecer 14 años en servicio. Su nombre permanece bajo reserva, pero se sabe que el inmueble está a 170 metros del edificio del Ministerio Público.
Durante el allanamiento, las autoridades incautaron varios elementos que el exoficial habría utilizado como oficial de la Armada, incluido su celular. El lunes 21 de septiembre, el teniente retirado rindió interrogatorio ante la fiscal 66 de Seguridad Pública, donde se le preguntó sobre sus actividades entre el 27 y el 31 de agosto, fechas en las que se pudo producir el disparo.
Según las investigaciones, el exoficial no tendría arma de dotación vigente ni permiso de porte o tenencia. En la audiencia, no habría admitido ser la persona que disparó.
¿Qué dice la defensa del exoficial?
El abogado Sergio Clavijo, quien asumió la defensa del investigado, emitió un comunicado este domingo en el que pidió respeto por el proceso y la presunción de inocencia.
“Nuestra oficina reconoce que la investigación de posibles atentados contra funcionarios que administran justicia debe adelantarse con total rigurosidad y celeridad. Pero desde este momento se les indica a las autoridades y medios de información que los hechos no son constitutivos de presuntos atentados, las explicaciones respectivas serán presentadas al interior del proceso y con respeto por la reserva sumarial”, expuso.
Clavijo también aseguró que su cliente acudirá a todos los llamados de la justicia. “Mi defendido, desde ya deja claro que acudirá a todos los llamados que realice la justicia, participará activamente en las diligencias y ejercerá su derecho constitucional a la defensa para desvirtuar las tesis de posibles atentados”, agregó.
¿Qué sigue en la investigación?
La investigación continúa bajo reserva, mientras las autoridades analizan los elementos incautados y verifican los testimonios que vinculan al exoficial con el disparo. El caso ha puesto de nuevo en el centro del debate la seguridad de los funcionarios judiciales y la necesidad de proteger a quienes administran justicia en contextos de alta tensión política y social.
Por ahora, la comunidad espera que el proceso avance con transparencia y que se respeten las garantías procesales de todas las partes involucradas. La confianza en las instituciones y en el sistema de justicia es fundamental para fortalecer el tejido social y avanzar hacia una paz duradera en Colombia.