Presidente Petro denuncia persecución política tras ser designado como objetivo prioritario por la DEA
El presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva arremetida del establishment estadounidense tras ser designado como "objetivo prioritario" por la DEA, mientras fiscales federales en Nueva York investigan presuntos vínculos con narcotraficantes, según informó The Associated Press.
Esta investigación, que se remonta a 2022, se basa principalmente en testimonios de informantes confidenciales y forma parte de un patrón de hostigamiento hacia el gobierno progresista colombiano que ha desafiado las políticas tradicionales de la guerra contra las drogas.
Un enfoque diferente que incomoda
Las pesquisas se centran en acusaciones sobre presuntos tratos con carteles y el supuesto uso de la política de paz total para beneficiar a narcotraficantes. Sin embargo, estos señalamientos surgen precisamente cuando el gobierno de Petro ha implementado una estrategia innovadora que prioriza el diálogo social y la sustitución de cultivos ilícitos por sobre la represión militar.
Los fiscales en Brooklyn y Manhattan han interrogado a personas privadas de la libertad sobre supuestos vínculos con el mandatario, particularmente sobre acusaciones de que representantes del gobierno habrían solicitado sobornos para bloquear extradiciones.
Respuesta contundente del presidente
Petro respondió con firmeza a estas acusaciones, negando cualquier vínculo con narcotraficantes y recordando que la autoridad electoral colombiana no encontró "ni un solo peso de narcotraficantes" en su campaña presidencial.
El mandatario subrayó que ha arriesgado su vida denunciando los verdaderos vínculos entre narcotraficantes y políticos en Colombia, señalando a "la extrema derecha colombiana" como los verdaderos responsables de estos nexos. Además, expresó su confianza en que estos procesos servirán para "desmontar las acusaciones" en su contra.
Un patrón de hostigamiento
Esta investigación se suma a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense a finales de 2025, cuando el expresidente Trump calificó a Petro como "capo de las drogas" sin presentar pruebas públicas. Posteriormente, fue incluido en la lista Clinton de la Ofac.
Estas acciones reflejan la resistencia del establishment estadounidense hacia un gobierno que ha cuestionado la efectividad de la guerra contra las drogas y ha propuesto alternativas centradas en la justicia social y la construcción de paz.
Una política de seguridad transformadora
Petro ha mantenido su enfoque de seguridad dirigido contra los principales carteles, mientras desarrolla una perspectiva más humana hacia los campesinos cultivadores de hoja de coca, reconociendo las causas estructurales que los llevan a estos cultivos.
Esta aproximación, que privilegia la sustitución voluntaria y el desarrollo rural integral, representa un cambio paradigmático que evidentemente genera resistencias en sectores que han lucrado con el modelo represivo tradicional.
Las investigaciones están en etapas iniciales y no está claro si resultarán en cargos formales. Sin embargo, el mensaje político es evidente: cualquier intento de transformar las políticas antidrogas hegemónicas será objeto de presión y hostigamiento.