Golpe contra la criminalidad que afecta a las familias trabajadoras del Quindío
En una operación que representa un respiro para las comunidades vulnerables del Quindío, las autoridades lograron desmantelar una red criminal que durante meses había estado afectando el patrimonio de familias trabajadoras a través del hurto y adulteración de motocicletas.
La acción, desarrollada en el marco de la estrategia 'Seguridad, Dignidad y Democracia', permitió la captura de cuatro personas y evidenció cómo estas organizaciones criminales aprovechan las condiciones de vulnerabilidad social para establecer sus centros de operación en barrios populares.
Un golpe a quienes vulneran el derecho al trabajo digno
El operativo se concentró en una vivienda del barrio Bosques de La Cecilia, donde funcionaba un verdadero laboratorio para la transformación de vehículos hurtados. Allí fueron capturados Diego Alexander Aránzazu, Eduardo Bambague Mesa, Cristian Andrés Betancourt Echeverry y Edwin Alexánder Bernal Dávalos, junto con su presunto cabecilla conocido como 'Pipiciego'.
Para muchas familias del Quindío, la motocicleta no es solo un medio de transporte, sino una herramienta de trabajo fundamental. Los mototaxistas, repartidores y trabajadores informales dependen de estos vehículos para generar el sustento diario de sus hogares.
La sofisticación del delito contra las comunidades
Durante la intervención, las autoridades incautaron seis motocicletas de alto cilindraje, tres placas vehiculares, licencias falsas, dispositivos móviles y herramientas especializadas para alterar los números de identificación. El hallazgo incluye sustancias químicas para regrabación y formatos para traspasos, evidenciando una estructura criminal bien organizada.
La teniente coronel Claudia Marcela Cañas Peñas explicó que la red operaba no solo en Armenia, sino que extendía sus actividades al Valle del Cauca, utilizando viviendas en sectores vulnerables para desarrollar sus operaciones ilegales.
Justicia para las víctimas
De las motocicletas recuperadas, tres tenían reporte de hurto, incluyendo una sustraída en diciembre pasado en Tuluá. Los detenidos, con antecedentes por receptación, hurto calificado y falsedad documental, fueron imputados por estos delitos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
Este resultado representa un paso importante en la protección del patrimonio de las familias trabajadoras y en la construcción de territorios más seguros para nuestras comunidades.
Llamado a la solidaridad comunitaria
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para fortalecer los lazos de solidaridad y denuncia oportuna a través de la línea 123. La participación activa de las comunidades es fundamental para identificar estas redes que vulneran el tejido social.
La recomendación incluye el uso de parqueaderos seguros y evitar dejar motocicletas en espacios públicos desprotegidos, medidas que contribuyen al autocuidado colectivo.
Esta operación demuestra que cuando las instituciones trabajan de manera coordinada y con enfoque territorial, es posible proteger los derechos de las comunidades más vulnerables y construir espacios de dignidad para todos.